Universidades privadas proponen crear una agencia independiente de acreditación y eliminar la burocracia que traba la innovación

El debate sobre la educación universitaria en Bolivia empieza a moverse de lugar. Ya no se trata solo de cuántos estudiantes acceden a la universidad, sino de qué tipo de formación reciben y qué tan preparada está para responder a un entorno cambiante. En ese giro, comienzan a tomar fuerza propuestas que apuntan a transformar el sistema desde la calidad, la pertinencia y la innovación.

“El reto de la masificación, sin duda, es la calidad educativa”, se planteó durante el Encuentro por la Educación organizado por el Ministerio de Educación. A partir de ese diagnóstico, la rectora de Unifranz y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Bolivia (ANUP), Verónica Ágreda, delineó una serie de medidas orientadas a replantear el rol de la educación universitaria privada en el país.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de una agencia nacional de acreditación con autonomía. Actualmente, las universidades recurren a certificaciones internacionales, pero la ausencia de un sistema propio limita la competitividad. “No tener una agencia de acreditación nacional que tenga un gobierno autónomo no nos permite ser competitivos a nivel internacional”, advirtió.

La apuesta es que esta instancia permita evaluaciones imparciales y procesos más rigurosos, con impacto directo en la calidad académica y en el reconocimiento internacional de títulos. Además, facilitaría la movilidad estudiantil, un aspecto cada vez más relevante en un sistema globalizado.

Otra de las propuestas clave apunta a reducir la brecha entre lo que enseñan las universidades y lo que demanda el mercado laboral. “Cuando existe una desarticulación entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral, no solamente le hacemos un daño a los estudiantes, sino al propio país”, señaló, poniendo en evidencia una de las principales debilidades del sistema actual.

Para enfrentar este problema, se plantea avanzar hacia un modelo más flexible, con actualización curricular permanente y formación a lo largo de la vida. Esto implica no solo rediseñar contenidos, sino también cambiar la lógica normativa que regula a las universidades.

En ese punto, la burocracia aparece como un obstáculo transversal. “Tenemos que destrabar estos procesos burocráticos que limitan la agilidad y la capacidad de respuesta de las universidades”, se remarcó, en referencia a los tiempos que hoy dificultan la innovación académica.

La transformación digital es otro de los pilares de la propuesta. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de cerrar brechas y formar profesionales con competencias digitales. Esto incluye la adopción responsable de herramientas como la inteligencia artificial y su integración en los procesos educativos.

En paralelo, se plantea fortalecer el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación. “Tenemos que volver a activar las redes de investigación y hacerlas sostenibles en el tiempo”, se propuso, junto con medidas como incentivos fiscales, financiamiento y simplificación de trámites para la propiedad intelectual.

El enfoque también incluye la creación de una red de emprendimientos que articule universidad y sector productivo, con el objetivo de generar soluciones concretas a problemas del país y fomentar la innovación desde la academia.

El rol docente no queda fuera de esta agenda. La propuesta plantea consolidar un régimen que incluya escalafón profesional, incentivos a la investigación y compatibilidad entre la docencia y el ejercicio laboral, buscando elevar la calidad de la enseñanza.

Finalmente, el financiamiento aparece como una condición estructural para viabilizar estos cambios. “Necesitamos una apertura a fuentes complementarias de cooperación internacional, filantropía e inversión de impacto”, se planteó, en un contexto donde las universidades privadas no acceden a recursos estatales.

Las propuestas configuran una hoja de ruta que busca pasar de un sistema centrado en el acceso a uno enfocado en resultados: calidad educativa, empleabilidad e innovación. El desafío, sin embargo, no es menor. Requiere ajustes normativos, articulación institucional y decisiones políticas.

“Las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy pueden hacer que retrocedamos o que avancemos hacia un futuro mejor”, advirtió, dejando en claro que el debate ya no es si cambiar, sino cómo y con qué velocidad hacerlo.