Director de IESALC-UNESCO asegura que la educación superior es un bien común, no un privilegio

La educación superior en América Latina enfrenta una encrucijada. ¿Debe continuar reproduciendo desigualdades o convertirse en un instrumento real de transformación social? Para Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO (IESALC-UNESCO), la respuesta es clara: la universidad debe garantizar inclusión, equidad y calidad como pilares fundamentales.

“Consideramos que la educación superior no solo es un bien público, sino un bien común. Eso implica que toda la comunidad debe protegerla, cultivarla y asegurar su acceso universal”, expresó el experto durante su ponencia magistral en el Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) 2025, el evento más influyente y representativo de educación de Bolivia que fue organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, en Santa Cruz de la Sierra.

A lo largo de su exposición, Pedró compartió un diagnóstico crudo pero fundamentado sobre el estado de la educación superior en la región, destacando la necesidad urgente de reformar sus estructuras, actualizar sus políticas y garantizar su financiamiento. Todo esto bajo una premisa irrenunciable: la educación superior es un derecho humano que debe ejercerse sin barreras sociales, económicas o geográficas.

Un sistema desigual que amplifica las brechas

Una de las cifras más alarmantes de su intervención fue la que retrata la profunda inequidad de acceso. Según Pedró, los jóvenes del quintil más rico tienen siete veces más probabilidades de ingresar a la universidad que los del quintil más pobre. 

“No estamos hablando del doble o el triple. Son siete veces más. En algunos países, como en Centroamérica, la diferencia llega a ser de hasta 18 veces. Es una cifra escalofriante”, remarcó.

Este desequilibrio se agrava cuando se considera que, aunque la matrícula ha aumentado en las últimas décadas, las tasas de asistencia real a las aulas han caído drásticamente desde 2021. Los estudiantes, explicó, ya no encuentran valor en clases repetitivas o en contenidos disponibles en línea, y la desconexión entre lo que se enseña y lo que se necesita aprender crece peligrosamente.

“La equidad no termina en el acceso, comienza allí. También hay que garantizar la permanencia y la graduación, especialmente para quienes llegan desde contextos más vulnerables. Y eso requiere acompañamiento real, políticas afirmativas y voluntad política”, apuntó Pedró.

La universidad como parte del derecho universal a la educación

Durante su exposición en el FIIE Unifranz 2025, el director del IESALC-UNESCO cuestionó la noción tradicional de mérito académico. Afirmó que muchas veces se convierte en una excusa para excluir a personas que parten de condiciones estructurales de desventaja.

“El mérito académico, tal como lo concebimos hoy, suele ser un subterfugio que perpetúa privilegios. No es justo evaluar a todos bajo los mismos criterios cuando no todos han tenido las mismas oportunidades”, sostuvo.

Enfatizó que la educación superior debe considerarse parte del derecho universal a la educación, como el derecho al agua, la salud o una vivienda digna. Por ello, insistió en que los estados deben garantizar su ejercicio real, más allá de las proclamaciones constitucionales.

Autonomía universitaria y responsabilidad estatal

Pedró reconoció la complejidad de aplicar políticas públicas en sistemas de educación superior caracterizados por una fuerte autonomía institucional. Sin embargo, subrayó que esa autonomía no debe ser un obstáculo para que los estados cumplan con su rol de orientar el desarrollo educativo hacia metas nacionales de equidad, sostenibilidad e innovación.

“La autonomía universitaria no significa que cada institución debe funcionar como una isla. Es una garantía de libertad académica, sí, pero también debe coexistir con un compromiso público y social”, explicó.

Además, destacó que en América Latina el 70% de los estudiantes asisten a instituciones privadas, lo que exige repensar los esquemas de financiamiento y regulación, para que todos los actores del sistema contribuyan a cerrar brechas en lugar de ampliarlas.

¿Cómo avanzar hacia una educación superior más inclusiva?

Pedró enumeró varias estrategias que ya se aplican en la región, algunas con buenos resultados, aunque insuficientes frente a la magnitud del desafío:

• Políticas de acción afirmativa: cuotas de ingreso y apoyo específico para estudiantes afrodescendientes, indígenas o rurales. “Sin estas políticas, muchos ni siquiera podrían entrar al sistema”, dijo.
• Diversificación institucional: creación de universidades interculturales y centros de educación superior en territorios rurales o periurbanos, aunque con menos presupuesto en investigación, para garantizar mayor cobertura territorial.
• Ayudas financieras: no solo becas o créditos, sino compensaciones económicas por el “coste de oportunidad” que representa dejar de trabajar para estudiar. “En Brasil, solo el 10% de los estudiantes reciben becas. Eso no es suficiente”, alertó.

También señaló que solo el 23% de los estudiantes latinoamericanos cursan carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), un porcentaje inferior al promedio de países desarrollados. 

“Tenemos más estudiantes en derecho que en STEM. Así no podemos construir una economía del conocimiento ni mejorar nuestra competitividad”, afirmó con tono crítico.

¿Y la calidad educativa?

El otro eje de su ponencia fue la calidad. Aunque los títulos universitarios siguen representando una ventaja salarial —hasta el doble del ingreso promedio respecto a quienes sólo completaron la secundaria—, menos del 50% de los estudiantes logra graduarse. Para Pedró, esto refleja un problema de calidad interna, desmotivación, y falta de relevancia en los contenidos.

Además, cuestionó el crecimiento desordenado de instituciones de dudosa calidad, fenómeno que ahora se intenta revertir con agencias de aseguramiento de la calidad. “Pasamos del caos al control. Hoy el desafío es usar esas agencias no solo para sanear el sistema, sino para impulsar la excelencia”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto de los rankings internacionales, que, aunque tienen origen comercial, siguen siendo el único referente masivo de calidad percibida.

“No los defiendo, pero admito que incluso nosotros, desde la UNESCO, los consultamos. Lo preocupante es no tener otra alternativa más justa y contextualizada”, reconoció.

El mensaje final: compromiso colectivo

Al concluir su ponencia en el FIIE Unifranz 2025, Francesc Pedró dejó un mensaje claro: la transformación de la educación superior no es solo una tarea del Estado o de las universidades, sino un compromiso colectivo.

“Si decimos que la educación superior es un bien común, entonces todos —gobiernos, instituciones, docentes, estudiantes y sociedad civil— debemos actuar como sus guardianes. La equidad, la calidad y la inclusión no son opcionales: son el corazón de un sistema educativo justo y relevante”, concluyó.