Por Manuel Filomeno
Seguridad nacional, influencia en la opinión pública, opiniones contrarias al gobierno o restricciones a la libertad de expresión, numerosos países han utilizado estos motivos como justificación para prohibir el acceso de sus ciudadanos a ciertas aplicaciones digitales en sus territorios.
Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram o Xson son algunas de las apps que están restringidas en uno o varios países, al ser consideradas peligrosas o contrarias a los regímenes que los gobiernan. Ahora se une a este grupo, TikTok, el cual está a un paso de ser prohibida en Estados Unidos, si no es vendida a capitales estadounidenses o cerrar, en un plazo de seis meses.
Ante esta situación, la red social, con sede en Singapur y Los Ángeles, pero fuertemente relacionada al gobierno chino, enemigo de EEUU, ya ha anunciado que apelará en las cortes.
Ante esta situación aparece la duda, ¿es factible y legal prohibir una app en un país?
“En muchos países, el debate sobre el bloqueo de aplicaciones ha llegado al centro de la discusión legislativa. La cuestión de quién tiene el derecho de determinar qué aplicaciones pueden operar y cuáles deben ser bloqueadas ha generado tensiones entre los gobiernos, las empresas tecnológicas y los usuarios. Entonces surge una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto debe intervenir el Estado en la regulación de las aplicaciones móviles?”, expresa el abogado y docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, William Llanos.
Llanos indica que, por un lado, los defensores de un control estricto argumentan que las aplicaciones pueden ser utilizadas para difundir contenido ilegal o perjudicial, como el discurso de odio, la pornografía infantil o la desinformación. Además, señalan que las aplicaciones pueden representar riesgos para la seguridad cibernética y la privacidad de los usuarios, especialmente cuando recopilan datos personales sin consentimiento o son vulnerables a ataques de hackers.
“En este sentido, se sostiene que el bloqueo selectivo de aplicaciones problemáticas es una medida necesaria para proteger a la sociedad en su conjunto”, acota.
En el otro extremo, los críticos de la intervención estatal en la regulación de aplicaciones advierten sobre los peligros de la censura y la restricción injustificada de la libertad de expresión y el acceso a la información.
“Aquí se argumenta que los gobiernos pueden utilizar el bloqueo de aplicaciones como una herramienta para silenciar a la oposición política, controlar el flujo de información y restringir la libertad de prensa”, expresa el abogado.
Llanos agrega que, además, las decisiones sobre qué aplicaciones bloquear pueden ser arbitrarias o estar influenciadas por intereses políticos o económicos, lo que restringe el principio de neutralidad de la red y la competencia justa en el mercado de aplicaciones.
“En este contexto, la regulación del bloqueo de aplicaciones se convierte en un delicado equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la salvaguarda del interés público”, manifiesta.
Intervención gubernamental
El experto explica que algunos países han optado por una intervención mínima, confiando en la autorregulación de la industria de las aplicaciones y aplicando medidas punitivas solo en casos extremos de violación de la ley.
“Otros han promulgado leyes específicas que establecen procedimientos claros para la revisión y el bloqueo de aplicaciones que infringen normas específicas, como la protección de datos, la seguridad cibernética o la moral pública. Pero, por otro lado, algunos países ya han adoptado un enfoque más radical, bloqueando por completo el acceso a ciertas aplicaciones o servicios en todo el país, en respuesta a preocupaciones de seguridad nacional o política”.
¿Pueden hacerlo?
Llanos dice que ante la pregunta: ¿Pueden los países hacerlo? La respuesta es sí.
“Cada país o Estado tiene su propia regulación. En la aplicación de esta regulación, muchos países tienen, entonces, la capacidad legal y técnica para bloquear el acceso a aplicaciones dentro de sus fronteras”, puntualiza.
Sin embargo, agrega que es importante tener en cuenta que el bloqueo de aplicaciones tiene consecuencias legales, técnicas y éticas.
“Por ejemplo, los métodos utilizados para bloquear aplicaciones pueden tener efectos colaterales no deseados, como la interrupción del acceso a otros servicios en línea o la violación de la privacidad de los usuarios. Además, el bloqueo de aplicaciones puede generar tensiones con empresas tecnológicas y otros países, especialmente si se percibe como una forma de proteccionismo o interferencia en el mercado global de aplicaciones”, expresa.