El número de denuncias de violencia contra las mujeres van en descenso, pero el de casos de violaciones e infanticidios están en pleno incremento, tal como alertó la Alcaldía de Cochabamba. La Fundación Voces Libres, incluso, aseguró que tres de cada siete mujeres denuncian violencia y sólo el 1% de ellas llega a una sentencia.
“Si nos referimos a las estadísticas (de violencia) vemos que existe un crecimiento y lo que nos preocupa muchísimo es que advertimos un descenso respecto a las denuncias. Este es un grave problema porque la acusación es el margen fundamental para evitar los feminicidios e infanticidios, e incluso parricidios en adultos mayores”, explicó Tatiana Herrera, directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cercado.
Un estudio encargado por los Servicios Legales Integrales (SLIM) de Cochabamba revela que los datos de violencia entre enero y julio del 2022 alcanzaron a 1.631, de los cuales, los que tienen mayor prevalencia son la patrimonial y económica, con un 54% (895 casos); en segundo lugar se encuentra la violencia psicológica, con 22% (357 casos) y violencia física, con un 13% (215 casos). En menor medida se halla la violencia sexual con 53 casos y la violencia familiar con 99 denuncias.
Pese a que las denuncias por violencia patrimonial o económica tienen el mayor porcentaje es la que desconocen las mujeres como reconoció, Marianela Salazar, docente de la carrera de Derecho Municipal de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) de Cochabamba. El año pasado participó con sus estudiantes del proyecto denominado ‘De puerta a puerta’, de Voces Libres. Los jóvenes informaron a hombres y mujeres de la zona Sur de Cochabamba y Sacaba las consecuencias de tener una casa donde se ejerce violencia y también realizaron cerca de 8.000 encuestas al respecto.
Dos de las principales razones de violencia son la falta de educación y la dependencia económica. En la encuesta se advirtió que los hombres reconocieron ejercer violencia económica tres veces más que las mujeres. Es decir, las mujeres no comprendían que, al no tener dinero para el mercado, ser amenazadas con no recibir los recursos para cubrir el gasto de los hijos en el colegio u otros problemas, sufrían de violencia económica y lo asentían con normalidad.
Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, explicó que más del 50% de las denuncias que ocupan la carga procesal penal son casos de violencia contra las mujeres y se la cataloga como violencia intrafamiliar o doméstica. Este tipo de violencia es ejercida por el esposo, el exesposo, el concubino e incluso el enamorado.
“El 9 de agosto (de este 2023) nos indicaron un incremento del 20% en casos de violencia sexual, sobre todo a menores de edad. En menor cantidad estupro, abuso sexual pero también llega a ser la otra mitad de esta carga procesal penal”, afirmó.
La representante también reconoció la presencia de una “cifra negra” que es aquella que no se denuncia. “Son estas mujeres que tienen demasiada presión social, dependencia económica o emocional respecto a su agresor. Por estos factores no presentan nunca una denuncia y viven por décadas con esa persona”.
Cuando el sistema de justicia tampoco es eficaz las mujeres pierden credibilidad; es decir, suponen que de nada sirve una denuncia si al final va a terminar en impunidad. De esta forma, cuando las mujeres vuelven a sufrir un hecho de violencia ya no creen en el sistema y no presentan la denuncia.
“Según datos de la Fundación Construir y otras organizaciones demuestran que sólo tres de cada 10 mujeres van a realizar una denuncia porque no todas tienen acceso inmediato a la policía, la fiscalía para que las protejan y sólo el 1% llegará a sentencia. En el campo, por ejemplo, la violencia se naturaliza y se necesita ampliar los servicios, la comunicación y los derechos”, agregó Cortéz.
También dijo que se necesita proteger a las mujeres víctimas de violencia con la implementación de políticas integrales. Por ejemplo, una mujer que rompa el silencio si no tiene una fuente laboral va a volver con su agresor porque no tiene otro ingreso o va a quedar en trabajos informales, mal pagados y con explotación laboral.
Observatorio contra la Violencia
La Alcaldía suscribió un convenio con Unifranz Cochabamba para encaminar el Observatorio Municipal de Violencia a Razón de Género. Esta nueva institución tendrá la capacidad de definir estrategias, investigar y obtener estadísticas de violencia contra las mujeres a través de comités.
El Observatorio estará conformado por cuatro comités: Estratégico, Técnico, Tecnológico y Científico. Este último estará integrado por la academia y será el cual preste asesoramiento y apoyo en la gestión del conocimiento. “Podrán proponer la agenda de investigaciones, seleccionar enfoques, difundir, capacitar y encarar abordajes específicos para hacer frente a distintas dimensiones del fenómeno de violencia”, detalla el proyecto de ley que Unifranz entregó el viernes 18 de agosto a la Alcaldía de Cercado.
La Alcaldía cumplió con la primera fase como la consultoría del proyecto para la implementación del Observatorio. Por su lado, la universidad entregó el proyecto de ley para la creación de la nueva institución y ahora ingresan a una segunda fase. “Es la que más me emociona y tiene que ver con la formación, la composición de este comité científico que va a acompañar al observatorio”, afirmó Tatiana Herrera.
Adelantó que su emplazamiento va a durar entre tres y cuatro años; pero la producción de la parte académica ya se consolidó. “Eso quiere decir que el levantamiento de datos como la de producción científica ya están en camino y estamos recibiendo lo beneficios iniciados de lo que es el observatorio”.
Marianela Salazar, docente de la carrera de Derecho Municipal de Unifranz Cochabamba explicó que el proyecto de ley define la estructura, funciones y dependencia administrativa de la nueva institución. “Estos artículos dan la posibilidad de que el Observatorio, en un futuro, no sólo sea para las mujeres, sino que pueda ampliarse a otras áreas que maneja el SLIM (Servicios Legales Integrales y Municipales) como personas con discapacidad, de la tercera edad”, afirmó.
En el momento de redactar el proyecto de ley, la profesional y los estudiantes de Unifranz, encontraron interpretaciones distintas a la ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, 348. “Vimos que es una problemática y aportaremos -desde la academia- a tener indicadores adecuados para un observatorio municipal que va a ser el primero en el país”, agregó.