En la búsqueda constante de una sociedad más justa e igualitaria, la equidad de género en las altas cortes emerge como un tema crucial en el ámbito judicial de cualquier régimen democrático. La representación equitativa de hombres y mujeres en estas instituciones no solo es una cuestión de justicia, sino también un requisito fundamental para fortalecer la legitimidad y la eficacia del sistema judicial.
Históricamente, las altas cortes estuvieron dominadas por hombres, reflejando desigualdades de género arraigadas en la sociedad. Sin embargo, en las últimas décadas, hubo un impulso significativo en la promoción de la participación de las mujeres en la judicatura a fin de garantizar una representación equilibrada en todos los niveles del sistema judicial.
Si bien en la reforma constitucional de 1994 se incorporaron aspectos que ampliaron la participación de la mujer en distintas áreas de la política y justicia del país, recién con la actual Constitución (2009), y un conjunto de nuevas normas, se reconoció la paridad de género en el país, indica Alberto Salamanca, director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.
“Ahora, toda actividad pública debe tener la cualidad de 50% de cargos ocupados por mujeres y 50% por varones”, puntualiza.
La equidad de género en las altas cortes es esencial porque asegura que las perspectivas y experiencias de las mujeres se tengan en cuenta en la toma de decisiones judiciales, lo que promueve una interpretación más amplia y justa de la ley. Además, la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en el sistema judicial sirve como un modelo a seguir para las generaciones futuras.
Por su parte, Mirtha Vargas, también directora de la carrera de Derecho, en Unifranz Cochabamba, afirma que esta conquista representa para las mujeres romper con las barreras históricas que han limitado o dificultado el acceso a posiciones de poder y de toma de decisiones en el sistema judicial.
“Cuando se habla de paridad de género, se busca que las mujeres tengan una voz igualitaria en la interpretación y aplicación de la ley, para que de esta manera puedan promover la diversidad y la justicia de género”, asegura.
La inclusión de mujeres también contribuye a fortalecer la confianza del público en el sistema judicial al garantizar una representación más completa de la diversidad de la sociedad.
Si bien muchos países de la región han dado grandes pasos en la consolidación de la paridad de género, Bolivia tiene aún mucho por avanzar.
Un informe del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos, de la Universidad Austral de Chile, da cuenta que la composición (hasta 2023) de los cargos en las altas cortes de Bolivia era la siguiente:
- Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): nueve magistraturas, de las cuales ocho (89%) son asumidas por hombres y una (11%) por una mujer
- Consejo de la Magistratura: tres consejerías, de las cuales dos (67%) son asumidas por hombres y una (33%) por una mujer
- Tribunal Agroambiental: cinco magistraturas, de las cuales tres (60%) son asumidas por mujeres y dos (40%) por hombres
- Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): nueve magistraturas, de las cuales cinco (56%) son asumidas por hombres y cuatro (44%) por mujeres
José Antonio Rivera, exmagistrado del TCP, recuerda que la paridad de género es la base y fundamento del régimen democrático de gobierno.
“Así lo define el Art. 11.I de la Constitución, aunque el texto normativo hace referencia a la ‘equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres’, por lo que en la conformación de los órganos del poder constituido y el ejercicio del poder político se debe y tiene que respetar esa equivalencia de condiciones. El Órgano Judicial no está exento de ello; por lo que en la conformación de los máximos tribunales de justicia se tiene que garantizar la equivalencia de condiciones de hombre y mujer”, asevera.
En tanto, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, considera que, en términos generales, en el órgano judicial y Ministerio Público se tiene un porcentaje muy elevado de participación de mujeres en puestos de base.
“En los niveles medios y particularmente en los niveles de decisión de las máximas autoridades ciertamente tenemos todavía espacios que están siendo copados por los varones por lo cual las mujeres tenemos la obligación no solo de llegar a esa paridad de género, sino particularmente tener la idoneidad y la capacidad para llegar hasta estos espacios y ser autoridades que puedan realizar cambios profundos para tener una equidad de oportunidades y de llegar a esos espacios de decisión de primer nivel”, puntualiza.
Poca participación de mujeres en elecciones judiciales
El pasado lunes 11, la Comisión Mixta de Constitución suspendió la verificación de requisitos habilitantes a los cargos del TSJ y del TCP debido a que estaría en riesgo el proceso por la falta de mujeres y representación indígena originaria campesina y se planteó la posibilidad de ampliar el plazo de recepción de documentos por 15 días.
¿Qué está sucediendo? Al respecto el exmagistrado Rivera explica que pueden existir diversos factores. Primero, que las mujeres no estén dispuestas a ejercer sus derechos, aunque no cree que sea el correcto; segundo, que las mujeres de destacada trayectoria ven muchas dificultades en el proceso de selección de candidatos; pues las dos experiencias anteriores, no garantizan que los candidatos sean seleccionados sobre la base de la comprobación pública y transparente de sus competencias.
“Creo que es un asunto de fondo, ligado a cómo superar la crisis estructural del sistema judicial”, señala Rivera.
Por eso es necesario eliminar los obstáculos y sesgos que impiden el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en el ámbito judicial y para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan igualdad de oportunidades en la administración de justicia.
“Desarrollar el conocimiento y profesionalidad no tiene género, simplemente tiene oportunidades. En la medida en que nos capacitemos y formemos, a través de estas instancias que se llaman universidades, vamos a generar igualdad de oportunidades para todos”, puntualiza al respecto Jenny Rivero, secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba.
En tanto, Vargas considera que una mayor participación de mujeres en las convocatorias para cargos judiciales, sólo será posible si se logra crear entornos laborales inclusivos y libres de discriminación, en el que se fomente el liderazgo y la participación activa, generar programas de mentoría y capacitación para desarrollar y apoyar el crecimiento profesional de las mujeres en el ámbito judicial.
“Debe existir equilibrio entre lo institucional y personal, garantizando la sana competencia y la institucionalidad, velando por la calidad de la participación, en relación al proyecto profesional personal e individual de las mujeres que participen del proceso, promoviendo principios y valores democráticos”, dice la académica.
La equidad de género en las altas cortes no es solo un objetivo aspiracional, sino una necesidad imperiosa para construir un sistema judicial más justo, inclusivo y democrático. Es un paso crucial hacia la realización de la igualdad de género y la justicia para todas las personas.