En medio de los desafíos y las incertidumbres que enfrentamos como sociedad, por la crisis que afecta al sistema judicial del país, los jóvenes estudiantes y profesionales de las carreras de Derecho del país tienen un papel crucial en la construcción de un futuro más justo, equitativo y de respecto de normas preestablecidas.
«Lo peor que podemos hacer en la vida es desistir de pelear por la construcción de una sociedad justa», sostiene el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional (TCP), José Antonio Rivera, a tiempo de recordar que la lucha por la justicia y la democracia es un compromiso constante, que trasciende las adversidades y desafíos que puedan surgir en el camino.
En días pasados, junto a constitucionalistas de renombre como Eduardo Rodríguez Veltzé, Jorge Asbún y Gabriela Sauma, Rivera participó en el diálogo “La crisis judicial y el derecho constitucional”, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, en coordinación con otras instituciones. En esa oportunidad recordó que la construcción de una sociedad democrática está basada en el respeto de las reglas que cada sociedad establece para lograr una convivencia pacífica entre sus habitantes.
“Lo que tenemos que hacer ante una crisis es, precisamente, involucrarnos para, desde adentro, encarar acciones que contribuyan a superar esa crisis (…). Toda crisis es superable, siempre es posible mejorar y cambiar y eso se va a lograr en la medida en que tengamos la firme y militante convicción de alcanzar un Estado constitucional de derecho”, explica el jurista.
Para el abogado constitucionalista, es indudable que Bolivia enfrenta “una profunda crisis judicial”, pero que, precisamente, es en estos momentos cuando la participación activa y comprometida de los jóvenes se vuelve más crucial que nunca.
Toda crisis es superable, y cada obstáculo presenta una oportunidad para el crecimiento y el cambio. Es fundamental tener la firme convicción de que es posible mejorar y transformar nuestra realidad ya que los estudiantes de Derecho son agentes de cambio potenciales, con el conocimiento y la pasión necesarios para impulsar reformas significativas en el sistema legal y en la sociedad en su conjunto.
“Decirles a los jóvenes no se desanimen, al contrario, anímense. Ésta es una de las mejores carreras en el mundo porque es de formación integral ya que el abogado tiene que conocer desde psicología, sociología, medicina, economía o política”, dice Rivera.
La crisis judicial se profundizó con el mecanismo de elección
El exmagistrado del TCP asegura que fue un error establecer el voto popular como mecanismo de selección y designación de los magistrados de las Altas Cortes en el país.
Recuerda que en ningún país del continente se aplica un sistema similar de elección de magistrados pese a que existen al menos nueve mecanismos diferentes de selección de magistrados, algunos de los cuales han demostrado ser más efectivos que otros. La elección por voto popular no solo carece de precedentes a nivel internacional, sino que además presenta serias deficiencias.
El principal argumento en contra de esta modalidad de elección radica en la naturaleza del poder judicial y su función dentro del estado de derecho. Los tribunales de justicia desempeñan un papel fundamental en la racionalización del ejercicio del poder político, ejerciendo un control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad sobre aquellos que detentan el poder político y económico.
Este papel implica que el poder judicial no puede ni debe formar parte de las mayorías, ya que su función es precisamente la de frenar los excesos y desvaríos de los grupos dominantes.
Además, la elección de magistrados por voto popular plantea serias interrogantes sobre la idoneidad de los candidatos y el proceso de selección de estos. La falta de un mecanismo transparente y público para evaluar las capacidades y méritos de los aspirantes ha debilitado la independencia del poder judicial.
En lugar de seleccionarse en base a su competencia y méritos profesionales, los candidatos terminan siendo favorecidos por intereses políticos, lo que compromete su independencia y objetividad.
La elección de magistrados por voto popular representa un retroceso para el sistema judicial, debilitando su independencia y socavando su capacidad para ejercer un control efectivo sobre el poder político y económico.
Derecho Constitucional, base para la democracia
El derecho constitucional es la “rama del derecho que estudia los principios y reglas de organización del Estado establecidos en la Constitución, los valores, principios y derechos constitucionales, y las garantías de los mismos frente al poder”, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.
Rivera explica que, como disciplina jurídica, se encarga de estudiar el conjunto de normas, principios y valores que regulan el sistema constitucional de un Estado. Su objetivo es garantizar un gobierno limitado y establecer las bases para una convivencia pacífica y justa.
Sin embargo, el jurista manifiesta que en el caso de Bolivia nos encontramos en una situación de crisis en cuanto al cumplimiento y aplicación efectiva del derecho constitucional porque el país, a lo largo de la historia, ha sufrido golpes de Estado recurrentes que han socavado la vigencia plena de la Constitución y han impedido la construcción de una cultura democrática y constitucional sólida.
A pesar de los avances logrados con la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Rivera advierte que el país se enfrenta a un proceso de desconstitucionalización, donde las autoridades invocan la Constitución según sus intereses políticos y la desconocen cuando les conviene.