La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un problema complejo y multifacético. El deficiente sistema de justicia, la falta de políticas públicas y la naturalización de la violencia por parte de la sociedad fomentan la impunidad de los agresores. Además, dejan en total indefensión a los niños y adolescentes.
En las últimas horas tres casos de infanticidio han estremecido a la población boliviana y han vuelto a poner en tela de juicio las políticas de prevención. Desde la sociedad se clama por una modificación de las normas para lograr sanciones más ejemplificadoras contra los que comenten estos delitos.
El primero ocurrió en el municipio de Sacaca de Potosí. Una mujer asfixió a su hija de dos años, luego de discutir con su pareja. El segundo en San Carlos, departamento de Santa Cruz, donde un hombre confesó el crimen de un niño de nueve años. El tercero sucedió en La Paz. La víctima es una niña de dos años que fue asesinada, junto a su mamá, por la expareja sentimental de su progenitora.
Consuelo Tórrez, abogada y docente de Derecho de Familia en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, sostiene que la sociedad ha naturalizado la violencia contra los niños. “Nos hemos vuelto en una sociedad que solo piensa en tener, olvidando al ser humano, es decir del ser (…)”, indica.
La académica enfoca la naturalización de la violencia en comportamientos tan arraigados como el castigo físico, como método de crianza. “Una sociedad violenta causa mucho daño, porque ha naturalizado los esquemas de agresión, de ver natural la fuerza y el golpe, en lugar de hablar y dialogar”, reflexiona.
Si bien Bolivia es uno de los países de la región que tiene más avance normativo en cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia (Ley 548 – Código Niña, Niño y Adolescente), cada día evidencia la ausencia estatal y la falta de compromiso de la propia sociedad en esta problemática.
Un presupuesto ínfimo para las instancias que velan por los niños y la falta de una política pública integral de prevención de violencias son claro ejemplo de este abandono.
Tórrez enfatiza la importancia de trabajar, de forma coordinada, en un efectivo sistema de protección para los niños y adolescentes. De manera paralela, las instituciones están llamadas a brindar apoyo a las víctimas de violencia. La falta de apoyo estatal y un deficiente sistema de justicia se traduce en impunidad para el agresor.
Niños, expuestos a una mayor indefensión
Para Consuelo Tórrez, antes de la Ley 548, los menores prácticamente no eran sujetos de derecho, es decir, no tenían derecho a opinar, a pensar y, menos, a tener la capacidad de emitir criterio sobre lo que les pasaba.
“Ahora, estamos peor, cuando los adultos tomamos decisiones, como alejar al niño o niña de su madre o padre, hemos decidido por ellos y no le hemos dado el derecho a la participación o el derecho a fortalecer el lazo afectivo y en muchas actuaciones lo estamos obligando a crecer (…), los enfrentamos a situaciones prematuras pese a que ellos deberían estar viviendo una niñez normal y feliz”, indica la académica.
Factores que aumentan los casos de violencia
Patricia Angulo, directora de la carrera de Psicología de Unifranz, considera varios factores que pueden contribuir al aumento de la violencia. Menciona como el factor principal la desintegración familiar, es decir, la falta de estructuras familiares sólidas y la ausencia de modelos positivos contribuyen a comportamientos violentos.
La lista de factores es amplia. Desensibilización fruto de la exposición repetida a la violencia; consumo de drogas y alcohol por parte de alguno de los progenitores eleve el riesgo de comportamientos violentos; el sentimiento de frustración deriva en respuesta agresivas, son algunos ejemplos.
Angulo también considera otros aspectos propios del desarrollo personal de los progenitores como problemas de salud mental y dificultades en el manejo de las emociones. En este mismo sentido, alude a la falta de educación y oportunidades que deriva en frustraciones.
Prevención desde la psicología
La psicología, como disciplina, puede desempeñar un papel importante tanto en la prevención como en la intervención y el tratamiento de la violencia. Las expertas identifican tres etapas en este proceso. El inicio arranca con la evaluación y tratamiento de trastornos mentales. “Existe diversos enfoques terapéuticos que enseñan habilidades de resolución de conflictos, empatía, comunicación efectiva y técnicas de manejo del estrés”, puntualiza Angulo.
Como segunda etapa se propone la intervención en situaciones de violencia. Y se completa con programas de prevención y educación.
La violencia en la sociedad es un tema complejo que requiere un análisis más profundo y multidimensional. Abordar eficazmente este problema requiere un enfoque integral que involucre medidas de prevención, intervención y educación en diferentes niveles, incluyendo el ámbito familiar, comunitario y gubernamental.