Por: Andres Zankis y Luis Villasol
Patricia trabajó siete años en un restaurante de Santa Cruz de la Sierra, de manera inesperada la retiraron por problemas que enfrentó la empresa tras la pandemia y ella se quedó sin ingresos para mantener a sus tres hijos. No puede hacer mucho porque Ley General del Trabajo no contempla mecanismos rápidos para atender su caso y la vía judicial es muy larga. Jurista propone una norma ágil y la negociación oportuna como punto de solución de conflictos en beneficio de ambas partes.
El empleador no le pagó a Patricia los tres meses de desahucio ni la liquidación por cada uno de los años de servicio que prestó en el restaurante. Con miedo recurre al Ministerio de Trabajo para presentar la denuncia y obtener asesoramiento técnico y gratuito.
“La Ley General del Trabajo es de 1942 y debe actualizarse porque el contexto y los escenarios del país son otros. En Bolivia se emiten normas y regulaciones a través de decretos supremos, cuando lo que se requiere es actualizar (…) las relaciones entre el trabajador y empleador”, declara Sonia Durán, directora de la carrera de Derecho de Unifranz Santa Cruz.
La profesional considera que se debe sistematizar las normas para contar con un solo cuerpo de leyes que facilite su estudio y comprensión del área. Incluso aseguró que la Ley General del Trabajo debe establecer mecanismos o procedimientos expedidos para cuidar los derechos laborales de manera oportuna y que el Ministerio de Trabajo tenga facultades coercitivas para que la vía judicial no sea muy larga.
Por su parte, Felipe Sánchez, dueño de una reconocida salteñería en Santa Cruz redujo su personal con la llegada de la pandemia por el Covid-19 y sus ventas bajaron. “Cerré cinco de las 11 sucursales que tenía y me fue imposible pagar el sueldo a todos mis trabajadores. Quedaron abiertas sólo las sucursales con las que pude atender pedidos por delivery y donde el alquiler no era tan alto”.
Sánchez demoró entre dos y tres meses en terminar de pagar los beneficios sociales a sus ex trabajadores por encima de los 15 días que establece la actual norma. De forma interna gestionó un acuerdo personal con sus trabajadores para realizar el pago en cuotas y no llegar a instancias legales.
Muchas empresas llegan a situaciones similares. Por diferentes circunstancias entran en una crisis económica que les impide dar continuidad laboral a sus trabajadores y peor aún, otórgales la liquidación que les corresponde y por esta razón necesitan que la norma sea actualizada.
La malla curricular de la carrera de Derecho en Unifranz Santa Cruz contempla la asignatura “Axiología y Deontología Jurídica” que está centrada en el estudio de los valores y las normas morales que prevalecen en una sociedad. El objetivo de la universidad es formar profesionales con valores humanos quienes trabajen por construir una sociedad más justa y digna para todos.
“Los principios los tenemos contemplados en la Constitución y son fundamentales en el ejercicio de cualquier ciudadano. Bolivia requiere profesionales íntegros, honestos, con principios innegociables, capaces de responder a las demandas y exigencias con un espíritu de servicio social. Estos pilares deben ser fundamentales cuando tenga en sus manos la vida, libertad o patrimonio de los ciudadanos. Que tengan pasión por lo que hacen y no se manejen por el interés de lucrar”, comenta Durán.
Los profesionales de Derecho de Unifranz desarrollan habilidades de comunicación afectiva, de negociación, pensamiento crítico y capacidades para resolver problemas con conocimiento legal e innovador. Son capaces de realizar investigaciones legales exhaustivas con fuentes confiables y relevantes que respaldan sus argumentos; son expertos en examinar los hechos y datos importantes, identificar problemas legales y evaluar diferentes soluciones.
“Como el caso de Patricia hay muchos en Bolivia y es importante que la población conozca las normas y sepan que, ante la vulneración de los derechos laborales, el Ministerio de Trabajo brinda defensa y asesoramientos gratuitos para quienes no tienen los recursos económicos para contratar un abogado”, afirma Durán.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 69,18% de la población económicamente activa cuenta con empleos de mala calidad. Es decir, que no cuenta con seguro de salud, aportes para la jubilación, aguinaldo u otros beneficios. Un 64%, que está dentro del grupo anterior, no tiene ni siquiera un contrato en su actual empleo.
En los últimos años, se han ejecutado decretos supremos que han modificado algunos artículos que han intentado ofrecer mejores beneficios a la población trabajadora. El Decreto Supremo 4711, establece el Incremento Salarial para la gestión 2022, para las y los profesionales y las trabajadoras y los trabajadores en el sector salud; personal docente y administrativo del Magisterio Fiscal.
Otro de los problemas con mayor demanda en el Ministerio de Trabajo son la pérdida de vacaciones. Con el Decreto Supremo 4709 se establece el goce fraccionado de vacaciones por los trabajadores, y la acumulación de las mismas sin necesidad de acuerdo escrito, para lo cual se modifica el Artículo 33 del Decreto Supremo Nº 224, de 23 de agosto de 1943, Reglamentario a la Ley General del Trabajo.