Sacar fichas, obtener información y recabar certificados pueden convertirse en procesos tediosos y muy demandantes de tiempo. Las filas interminables en las dependencias estatales se suelen alargar por cuadras y los requisitos parecen cambiar día a día. “Vivimos en el reino de la burocracia, donde cada día aparece un trámite o un requisito nuevo”, explica Mario, un profesional de 50 años.
Sin embargo, con el paso de los años, la tecnología ha permitido levantar, poco a poco, el peso de la burocracia de los hombros de los ciudadanos, ofreciendo soluciones digitales a algunos de sus trámites.
“El Gobierno Electrónico es un enfoque de gestión, el cual no es exclusivo de las entidades gubernamentales ya que puede ser aplicado en todo tipo de instituciones como las universidades y esto involucra principalmente que los procesos fundamentales de la entidad aprovechen los recursos tecnológicos existentes no solamente en términos de infraestructuras, redes de datos, servidores, sino también en términos de aplicaciones, desde las aplicaciones como bases de datos hasta aplicaciones para sistematizar procesos, de modo que éstos puedan hacer más eficientes los servicios que se brindan a sus usuarios”, explica Roberto Zambrana, miembro del capítulo boliviano de la Internet Society (ISOC) y exdirector de Gobierno Electrónico y Modernización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).
Esto involucra simplificar e integrar los procesos tanto internos como externos de manera digital, con el objetivo inicial de agilizar los trámites internos y como consecuencia mejorar la calidad del servicio hacia los usuarios externos.
“La aplicación de estos modelos permite que el usuario de los servicios pueda acceder a estos desde sus hogares o desde cualquier lugar en cualquier horario, sin la intervención de un humano”, agrega.
Aplicación
El director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Alberto Salamanca, indica que estos avances son especialmente beneficiosos en la administración de la justicia, pero sus alcances no sólo se limitan al Derecho.
“No sólo en el Derecho y la justicia, sino en todos los aspectos de la vida de los seres humanos y las sociedades han ingresado las tecnologías y determinan muchos aspectos que deben ser legislados y regulados. En cuanto a la administración de justicia se cuenta con distintas aplicaciones informáticas creadas específicamente para la comunicación procesal de distintos actuados entre el Órgano Judicial y las partes en conflicto”, explica el abogado.
Salamanca recuerda, por ejemplo, que durante la pandemia por la Covid-19, en 2020, se implementaron sistemas informáticos para el desarrollo de audiencias judiciales por medio virtual o remoto. A la fecha, muchos juzgados mantienen esa modalidad por la factibilidad y “ahorro” de tiempo.
“Los distintos sistemas informáticos de la administración de justicia, permiten también conocer el estado de las causas, los documentos jurídicos (memoriales y otros) que son parte del proceso por medios y vías digitales”, puntualiza el académico.
Instituciones como la Contraloría General del Estado, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Aduana, SEGIP, ASFI, entre otras ya aplican la digitalización de, al menos, parte de sus trámites.
“El Estado ha generado un sistema informático denominado Ciudadanía Digital, a través del cual, los abogados y abogadas pueden recibir notificaciones y comunicaciones judiciales, pero toda la ciudadanía y población boliviana con el sólo registro, recibirá información del Estado por este medio; además de gestionar distintos tipos de trámites, por ejemplo con SEPREC en materia comercial y de empresas, o la Gestora Pública en cuanto a la seguridad social, o con los seguros de salud, entre otras instituciones”, explica.
Asimismo, próximamente, se implementarán nuevos sistemas informáticos para el registro de Derechos Reales con el objetivo de tener información clara y puntual tratando de evitar dobles registros y vulneración de derechos propietarios como ocurre actualmente.
El Estado, a través de su portal de Gobierno Electrónico (www.gob.bo), reúne la información y requisitos de gran parte de los trámites que se pueden realizar y señala cuáles pueden realizarse de manera digital.
A pesar de estos avances, sobre todo en el ámbito del Derecho y la administración de la justicia, Salamanca señala que, como sociedad, aún carecemos de buenas costumbres, respeto de los tiempos, puntualidad, organización y responsabilidad por lo que, pese a que existen aplicaciones informáticas que ayudan y apoyan en la gestión de la justicia, quienes las operan y están encargados de “cargar” la información todavía tienen falencias y retrocesos, como los ocurridos en los casos del SEPREC y de la Gestora Pública, que recientemente migraron sus bases de datos y servicios del sector privado al público.
Por eso, uno de los desafíos que existen para avanzar hacia un gobierno electrónico pleno es interrelacionar los distintos sistemas informáticos de la administración de justicia, con bases de datos sólidas, que podrían estar basadas en tecnología Blockchain; tener mayor disciplina y protocolos de acceso y uso bien determinados para que la información sea óptima y oportuna.
“También es muy importante generar desapegos de las formas tradicionales y motivar a mayor apertura por las facilidades que brinda la tecnología, con amplias e importantes capacitaciones a varias generaciones de profesionales abogados, ya sean administradores de justicia, patrocinantes y asesores jurídicos”, agrega Salamanca.
Falta interconexión
En tanto, Zambrana señala que, a pesar de existir avances en la implementación del Gobierno Electrónico en el país, aún falta mucho camino por recorrer, especialmente en el tema de interconexión.
“Desde 2018 se han presentado avances, pero también tropiezos, los cuales están relacionados en la manera en la que los sistemas, primero, de una misma entidad no están interconectados y menos aún entre entidades del mismo Estado, cuando esto debería ser transversal. Las entidades estatales deberían poder compartir la información para que no tengan que estar creando cada una de ellas su propia base de datos”, puntualiza.
Como ejemplo, Salamanca relata que el Ministerio Público (Fiscalía) ya cuenta con un sistema informático denominado Justicia Libre. El mismo tiene varias versiones y ha ido en progreso y mejora. Este sistema brinda información puntual y cabal a sus usuarios y permite tener conocimiento del estado de un proceso administrado por la Fiscalía.
Sin embargo, una vez que el proceso es de conocimiento de la autoridad judicial, no existe interrelación entre el sistema de la Fiscalía y el Órgano Judicial por lo que los usuarios deben hacer uso de otro u otros sistemas informáticos.
“Todos estos sistemas informáticos aplicados a la administración de justicia, ayudan y aportan, pero, por la falta de interconexión de sus bases de datos, sesgan información y generan demoras y confusiones principalmente en los usuarios, quienes optan por los sistemas y formatos tradicionales”, indica.
Si bien falta mucho por desarrollar para aportar a la administración informática del Estado y de la justicia en Bolivia, Salamanca asegura que el proceso ha empezado y que, aunque “lo estamos haciendo lentamente, pronto estaremos todos más familiarizados con los sistemas informáticos”.