«La crisis judicial y el derecho constitucional», fue el rótulo del diálogo organizado por el CERES Bolivia, la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, el Grupo Marcos Escudero y la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, en el que se analizó la autoprórroga los magistrados del Tribunal Constitucional, las elecciones judiciales, el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la cultura política y constitucional de la población y la reformulación de la currícula de formación de profesionales en derecho.
El diálogo se desarrolló en un contexto conflictivo en el país, con bloqueos y protestas motivados por sectores políticos y sociales que exigen elecciones judiciales, ante una prórroga de mandato de miembros del Tribunal Constitucional y en el preludio de elecciones generales.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gabriela Sauma de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y Jorge Asbún, expresidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, plantearon sus puntos de vista sobre las causas y las salidas a la actual crisis judicial que vive el país.
Rodríguez Veltzé indicó que vivimos en un “desamparo constitucional” debido a las acciones del órgano encargado de guardar y vigilar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y que esto es solo un reflejo de la urgencia de llevar adelante la postergada reforma judicial en Bolivia.
“Vivimos una crisis de muchas dimensiones en la justicia en Bolivia y creo que este episodio (la prórroga de los magistrados) no habla bien del propósito democrático que tuvimos en el país para recuperar la democracia hace 40 años y muestra cómo nos hemos olvidado del tema de la justicia”, expresó.
El expresidente indica que esta falta de confianza se fue haciendo más fuerte, principalmente por la politización de la justicia y que ha tenido su momento más complejo con la autoprórroga de los magistrados de los altos tribunales.
Por otra parte, Rodríguez Veltzé agrega que actualmente hay un “falso debate” sobre qué hacer con los magistrados prorrogados y su legalidad y señaló que todas las resoluciones y actos que éstos puedan generar son nulos, ya que la prórroga está sancionada por nulidad absoluta.
“La CPE señala que son nulos los actos de quienes ejercen jurisdicción que no nazca de la ley, entonces estos tribunales no pueden asumir jurisdicción o función judicial alguna porque no nacieron de la ley y si hubo un propósito de autoprorrogarse debía haber sido convalidada por una ley en el Órgano Legislativo y eso no aconteció. Así que seguir debatiendo sobre esa prórroga, a mi juicio, es inútil. No nació con legalidad y no es necesario validar su ilegalidad, simplemente se asume que su nulidad es absoluta por mandato de la constitución”, explica
El jurista y expresidente expresa que el camino a seguir, a su criterio, es que la ALP continúe con la formulación y el debate de la Ley que establece nuevas condiciones para preselección de los candidatos a las elecciones judiciales, se sancione y se promulgue la norma y empezar los procedimientos para elegir a los precandidatos a los altos cargos en el Órgano Judicial, desconociendo todos los actos de las autoridades autoprorrogadas.
Este viernes, la comisión bicameral anunció un acuerdo para tratar el proyecto de ley 144/2023 (elecciones judiciales), de manera impostergable el lunes y martes y hasta su aprobación y posterior remisión al órgano Ejecutivo.
Además, se acordó que tras la aprobación de la ley de las elecciones judiciales se tratará el proyecto de ley 073, que suspende los plazos procesales en todas las materias en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir del 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales electas por voto popular.
Por su parte, Gabriela Sauma señala que la crisis es la culminación de una serie de acciones que se dieron en las últimas décadas y que derivaron en la dominación del Órgano Judicial por el Órgano Ejecutivo, entre otras causas, como fallas inherentes en los mecanismos de elección de autoridades, la falta de presupuesto y la crisis de credibilidad que vive el sistema judicial.
Respecto a la solución del problema actual, la autoprórroga de los magistrados, la constitucionalista señala que, esta acción es una interpretación antojadiza de la CPE, ya que uno de los principios del derecho es que los jueces no pueden fallar en sus propias causas.
“El TCP no podía determinar en una causa propia, porque tiene que ser imparcial. No se puede fallar en una causa propia, de ahí parten los cuestionamientos a su accionar”, agrega.
Sauma plantea, como solución a la crisis política, que la ALP acepte la prórroga de los magistrados, pero que limite sus funciones, una medida que ya se ha dado en el pasado.
“Podemos vivir sin las altas cortes, hemos tenido etapas, hasta de un año sin estas instancias. Cuando esto sucede se limitan las competencias de estos tribunales provisionales, por ejemplo, quitando las competencias para conocer las acciones constitucionales de control normativo, pero permitiendo que se puedan ejecutar otro tipo de acciones”, explica.
Mientras tanto, paralelamente se podría trabajar en la preselección de los candidatos para las elecciones judiciales, manifiesta.
“Pensemos en la gente que está esperando sus resoluciones, por lo tanto, plantearía la opción de que la ALP limite la actuación del TCP en esta prórroga solamente a las acciones de defensa, para evitar que el TCP resuelva causas en las cuales su imparcialidad está cuestionada como son los casos políticos”, puntualiza.
José Antonio Rivera, indica que el Órgano Judicial vive un secuestro político que se manifiesta por la falta de independencia e imparcialidad de la justicia y propone que, para salir de la actual crisis, es necesario que la ALP trate la preselección de autoridades judiciales por un lado y por otro el futuro de los magistrados prorrogados.
“Hay que desagregar el tratamiento de la Ley 1444, si todos estamos conscientes de que hay que agilizar el proceso de selección para que se realicen las elecciones, entonces el proyecto de ley 1444 que se reduzca a contener las normas que reduzcan el proceso de selección, que permita convocar a las elecciones y el tema de la definición de la autoprórroga que se lo trate a través de una ley separada, pero ya esté corriendo el proceso electoral”, señala.
Rivera agrega que, en esa posible ley, se pueden ver alternativas desde no reconocer la autoprórroga, reconocerla o remediarla poniendo límites, “porque persistir en una ley donde esté incorporada esta ley que regula el procedimiento es ponerle candado y no habrá elecciones judiciales”, indicó.
“Si se intenta concentrar todo en la Ley 1444 el TCP puede activar una medida de inconstitucionalidad y llevar todo a fojas cero y se acabaron las elecciones judiciales que es lo que quiere una parte, hay que evitar que eso suceda”, apunta.
El constitucionalista Jorge Asbún, expresa, por su parte, que la solución de la crisis judicial no pasa por destrabar el proceso de elección de nuevas autoridades, ya que es un sistema fallido y que no cuenta con la confianza de la población, que ha cuestionado las dos anteriores experiencias, llegando incluso a niveles de votos nulos y ausentismo de hasta el 70%.
“Las últimas dos experiencias en 2011 y 2017 nos han mostrado que los ciudadanos no están satisfechos y que ni la prórroga de los magistrados ni la convocatoria a elecciones va a resolver eso”, explica.
Por esta razón, indica que es necesario un proceso de involucramiento de la ciudadanía para que ésta adquiera y cultive la cultura constitucional y política, para evitar que la justicia se instrumentalice.
“El sistema judicial es la base del ejercicio de los derechos fundamentales y eso debe ser entendido por la ciudadanía. Los problemas que estamos teniendo no vienen de la redacción de la constitución, sino de la manera en las que las autoridades hacen ejercicio de ella y la interpretan”, explica.
Finalmente, Miguel Aliendre, secretario general de la sede Cochabamba de Unifranz, resalta la importancia de este debate, debido a que el órgano judicial es crucial para garantizar un Estado equitativo, justo y democrático.
“La certidumbre y seguridad jurídica son pilares en la convivencia armónica de la sociedad, en Bolivia no somos la excepción y es imperativo que abordemos la crisis del órgano judicial para fortalecer nuestra democracia y estado de derecho. Es importante destacar la importancia del órgano judicial en el estado es crucial para garantizar un sistema equitativo, justo y democrático. Si se menosprecia o quita relevancia al Órgano Judicial podrían ocurrir varias consecuencias negativas”, concluye el académico.
