El derecho constitucional como garante del equilibrio democrático
Desde mediados de la década pasada, el mundo vive un tiempo en el que las tensiones políticas y sociales se intensifican. En este escenario, el derecho constitucional emerge como el eje fundamental que garantiza el equilibrio institucional, la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad de una sociedad democrática.
Ruth Torres Arévalo, especialista en derecho constitucional y docente de la carrera de Derecho en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, sostiene que esta rama del derecho no solo organiza el poder público, sino que constituye “la materia más importante del Derecho Público”, al estar basada en la Constitución Política del Estado (CPE).
“El Derecho Constitucional regula la materia más importante del Derecho Público, toda vez que su estudio está basado en la Constitución, la cual constituye la norma principal y suprema de cualquier país, en este caso del Estado Plurinacional de Bolivia”, explica Torres.
Su función, precisa, se encuentra respaldada por el artículo 410 de la CPE, que reconoce que Bolivia es un Estado constitucional de derecho, lo cual implica que ninguna norma inferior puede contradecir a la Carta Magna.
Esta supremacía constitucional establece los pilares sobre los cuales se construye el marco normativo del país, proporcionando los mecanismos necesarios para la protección y el cumplimiento de sus disposiciones.
Uno de los principales aportes del derecho constitucional es su impacto directo en la protección de los derechos fundamentales. Según la especialista, es precisamente la Constitución la que reconoce y otorga la protección jurídica a estos derechos, los cuales tienen el mismo valor y jerarquía.
A la luz del neoconstitucionalismo, que busca una tutela efectiva y sustancial de los derechos, Torres señala que “la Constitución deja de ser una ley formal en su frío deber ser y pasa a ser el centro de reflexión jurídica”. Es decir, más allá de un texto o una norma, se convierte en un instrumento vivo que guía la acción del Estado y resguarda la dignidad humana.
El derecho constitucional también cumple un papel esencial en la distribución y control del poder. Bolivia, como muchas democracias modernas, adopta un sistema de pesos y contrapesos, inspirado en la teoría de Montesquieu, que establece la necesidad de dividir el poder para evitar su concentración y abuso.
“La parte orgánica de la Constitución establece la distribución de poderes, o lo que conocemos como órganos del Estado, que funcionan de forma equilibrada y se fiscalizan entre sí”, explica Torres.
De esta manera, los poderes Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial están llamados a operar de forma independiente, pero interrelacionada, garantizando así el funcionamiento armónico del sistema democrático.
Más allá de la organización del Estado y la protección de derechos, la Constitución tiene una función estructurante para la sociedad en su conjunto.
Torres detalla 10 razones por las que la Constitución es esencial para el desarrollo y la estabilidad de las sociedades modernas:
- Establece derechos y garantías fundamentales
- Define la estructura y funcionamiento del Estado
- Establece límites al poder
- Fomenta la participación ciudadana
- Promueve justicia e igualdad
- Incorpora mecanismos de protección
- Fomenta estabilidad y seguridad
- Promueve el desarrollo económico y social
- Define principios de educación y cultura
- Fomenta la identidad nacional
Cada uno de estos elementos contribuye a que la Constitución no sea solo un documento jurídico, sino también un contrato social que orienta la vida colectiva y la evolución del país y son los pilares sobre los cuales los estudiantes de la carrera de Derecho de Unifranz fundan sus conocimientos y práctica.
El derecho constitucional también establece mecanismos de participación ciudadana, como elecciones, referendos y plebiscitos, que permiten a la población incidir activamente en las decisiones que los afectan, reafirmando el principio de soberanía popular.
“Es la columna vertebral del sistema jurídico y el marco que asegura que los poderes del Estado operen dentro de los límites de la legalidad, respetando los derechos de cada ciudadano. Su rol es garantizar una sociedad ordenada, justa y democrática”, concluye Torres.