Educación y sanciones: la propuesta  para acabar con el maltrato animal en la Feria 16 de Julio

Cada domingo, la Feria 16 de Julio en El Alto se convierte en un inmenso mercado donde se comercia de todo: desde ropa usada hasta electrodomésticos. Entre las calles más concurridas se encuentran aquellas donde se venden perros, gatos, aves e incluso animales silvestres, muchas veces en condiciones de hacinamiento, sin agua ni alimento.

Pese a la Ordenanza Municipal 164/2006, que prohíbe este comercio, la venta continúa en medio de controles ineficientes, operativos sin protocolos y vacíos legales. Desde la academia, se apuesta por políticas integrales en las que la educación y una normativa completa ataquen el problema de fondo.

“Hay varias razones por las que esta práctica persiste. Una es la aplicación ineficiente de las normas y la falta de coordinación entre las autoridades, no existe un control efectivo y los vendedores no temen a las sanciones. También está el factor económico, para muchos vendedores es su única forma de sustento o lo ven como un negocio fácil. A ello se suma la alta demanda y la falta de conciencia y respeto hacia los animales”, explica Mikaela Norka Ticona Choque, estudiante de la carrera de Derecho de Unifranz.

Ticona forma parte de un grupo de investigadores universitarios que estudiaron a fondo esta problemática, no solo desde la perspectiva del maltrato animal, sino también desde lo legal, sanitario y social. Lo que encontraron revela la urgencia de actuar con una combinación de sanciones firmes y educación ciudadana.

El equipo, uno de los ganadores de la quinta versión de las Jornadas de Investigación de Unifranz, está compuesto por Soledad Blanco Corina, Noelia Mamani Apaza, Doris Mamani Mamani, Araceli Ramos Ajata, Mikaela Ticona Choque, Nicol Torrez Mamani y el docente Wilder Chambi Chambi.

Vacíos legales y autoridades sin rumbo

Los investigadores señalan que la ordenanza municipal, vigente desde hace casi dos décadas, presenta vacíos críticos. Advierten que carece de sanciones claras y lo suficientemente fuertes como para desincentivar la venta ilegal.

“Se suma la falta de coordinación entre la Alcaldía de El Alto, POFOMA y Zoonosis, lo que provoca que los operativos sean poco efectivos. La ordenanza tampoco contempla campañas educativas obligatorias ni mecanismos de concientización ciudadana, y mucho menos un registro público de infractores que permita un control adecuado. Todo esto, sumado a la falta de recursos y controles, hace que la norma quede en el papel”, afirma Noelia Mamani Apaza.

La Unidad de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto fue identificada por la investigación como el punto más débil en el sistema de control. No existen protocolos para el decomiso, el cuidado temporal y la reubicación de los animales incautados, situación que deja a las autoridades sin herramientas prácticas para actuar.

“Si bien POFOMA realiza operativos de manera irregular y con recursos limitados, al menos cuenta con la competencia legal. En cambio, Zoonosis no solo enfrenta carencias logísticas y de coordinación, sino que además carece de protocolos definidos para el manejo, custodia y reubicación de los animales decomisados, de acuerdo con las entrevistas realizadas. Esto genera vacíos críticos, los operativos no se ejecutan o se frustran. No solo se limita la eficacia de la Ordenanza y la Ley 700, sino que normaliza la venta ilegal”, denuncia Doris Mamani Mamani.

Una amenaza para la salud y la convivencia

El problema no se limita al sufrimiento animal. “Al mezclar animales domésticos y silvestres sin controles, se facilita la transmisión de enfermedades de animales a personas, lo que puede generar brotes y poner en riesgo especialmente a niños y personas vulnerables. La falta de higiene también atrae plagas y contamina el espacio público”, advierte Nicol Torrez Mamani.

Añade que la tradición ferial, la economía informal y la falta de conciencia forman un círculo que perpetúa esta actividad. “La costumbre legitima la venta, la necesidad económica la mantiene y la falta de información impide que la sociedad exija cambios”, sostiene.

El equipo de investigadores comparó la situación con la normativa de países como Perú, Chile y Paraguay. Indican que Bolivia puede beneficiarse de una prohibición expresa de la venta ambulante de animales en vía pública y ferias, acompañada de la creación de una autoridad nacional en materia de bienestar animal.

“Esto permitiría unificar protocolos de decomiso, custodia y sanciones, además de lanzar brigadas veterinarias móviles y campañas permanentes de educación sobre tenencia responsable. Lo ideal sería plasmarlo en una normativa que evite interpretaciones contradictorias y facilite la intervención administrativa inmediata”, propone Araceli Ramos Ajata.

Asimismo, se recomienda crear o designar una autoridad con competencias nacionales en defensa, salud y bienestar animal que centralice criterios técnicos sobre habilitaciones, licencias, protocolos de decomiso y eutanasia ética.

El peso de lo económico y la tradición ferial

La Feria 16 de Julio de El Alto es un fenómeno comercial único en Bolivia y Sudamérica. Cada jueves y domingo ocupa más de 16 avenidas y congrega a miles de comerciantes que ofrecen desde electrodomésticos hasta seres vivos. Su magnitud ha naturalizado prácticas que van más allá del comercio legal, entre ellas la venta de animales. Allí, comprar un cachorro, un loro o incluso un animal silvestre no es visto como una irregularidad.

“La tradición de la feria hace que mucha gente vea la venta de animales como algo normal y aceptado, porque estas prácticas vienen de antaño y forman parte de la vida comercial del lugar. Además, la economía informal tiene un gran peso”, apunta Torrez.

El estudio registró que, en un solo recorrido dominical, se contabilizaron más de 150 animales en venta, muchos en condiciones precarias. Los vendedores argumentan que esta actividad representa una fuente de ingreso vital, en un contexto donde la falta de empleo formal empuja a miles de alteños a subsistir en el comercio callejero. 

Para ellos, la venta de animales, aunque ilegal, es un negocio rápido y rentable que se sostiene en la demanda constante de los compradores. Además, la falta de información y conciencia sobre el bienestar animal y los riesgos sanitarios hace que compradores y transeúntes no perciban el daño.

La propuesta: una ley clara y educación

Para las investigadoras, la solución no pasa solo por la dureza de la ley, sino por una estrategia integral. La fiscalización, sostienen, debe combinarse con campañas breves y continuas de educación sobre tenencia responsable y adopción para reducir la demanda, así como con un sistema de registro de decomisos e infractores.

“Se debe impulsar, además, una ordenanza clara con sanciones progresivas y protocolos de derivación a refugios. Socialmente, es vital habilitar canales de denuncia ágiles y ofrecer programas de sustitución de ingresos para quienes dependen de esta actividad. En lo educativo, campañas permanentes en ferias, escuelas y medios son clave para cambiar la mentalidad y fomentar la adopción”, resume Soledad Blanco Corina.

La investigación concluye que, sin sanciones firmes, no habrá disuasión, y sin educación ciudadana no habrá transformación duradera. El desafío es grande, pero el equipo de investigación confía en que, con voluntad política y participación social, El Alto podría ser pionero en erradicar un comercio que no sólo maltrata a los animales, sino que también afecta la salud pública y la convivencia.