¿Cuáles son los límites de la responsabilidad política? El caso Javier Milei y $LIBRA

En tan solo unos minutos, cerca de 40.000 personas vieron sus ahorros esfumarse, seducidos por un crecimiento rápido y la recomendación y aval expreso en la red social X del mediático presidente de Argentina, Javier Milei, pusieron sus recursos y su fe en un producto que resultó ser un fraude. Esta situación ha abierto un debate crucial sobre los límites de la responsabilidad política en estos casos. 

Si bien no hay evidencia de que Milei haya cometido un delito, su involucramiento ha generado preguntas sobre la ética de los líderes políticos al respaldar productos financieros sin una verificación previa. ¿Debe un político asumir consecuencias por las decisiones económicas que sus seguidores toman basándose en su recomendación?  

“La responsabilidad de un político en estos casos es tanto ética como pública, especialmente si ocupa un cargo de liderazgo. Al utilizar su posición y credibilidad para respaldar un producto, se genera una relación de confianza con la ciudadanía”, expresa William Llanos, abogado y experto en derecho informático y docente de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Llanos explica que un político o una autoridad tiene una responsabilidad tanto con su cargo como con la gente que lo sigue, ya que, si promociona un producto que resulta fraudulento, podría incurrir en, por lo menos, tres escenarios: primero, en la falta de diligencia debida al no verificar la legitimidad del producto antes de promoverlo; segundo, la transparencia, porque debería aclarar su nivel de vinculación con el proyecto y, tercero, las consecuencias sociales debido al impacto de su influencia en las decisiones financieras de la población.

“En el caso de Milei, al promocionar $LIBRA sin conocer los detalles técnicos o riesgos asociados, su responsabilidad moral aumenta, dado que miles de personas invirtieron basándose en su recomendación. Aunque legalmente podría no ser culpable, su rol como figura pública lo expone a críticas por no proteger los intereses de sus seguidores”, dice el jurista.

El peso de la palabra presidencial

Uno de los puntos clave en este escándalo es la utilización de la figura presidencial como un “aval” implícito para la inversión en $LIBRA. Aunque en muchos países no existe una prohibición legal que impida a los políticos promocionar productos comerciales, Llanos advierte que “el uso de plataformas oficiales podría interpretarse como un aval institucional”.  

El problema ético radica en que un Presidente debe actuar con prudencia y transparencia. La promoción de un activo financiero volátil sin advertir de sus riesgos representa un conflicto de interés y una posible falta de diligencia debida.  

Además, el fenómeno del «efecto halo» juega un papel determinante. Como explica Llanos, “Milei capitalizó su imagen y esto se interpretó como un sello de confianza, dado su rol como presidente y experto en economía”. En otras palabras, muchas personas no investigaron el proyecto porque asumieron que, si Milei lo apoyaba, debía ser seguro.  

A pesar de la controversia, algunos defienden a Milei, argumentando que fue víctima de un mal asesoramiento o incluso de un sabotaje por parte de actores externos. No obstante, la falta de información precisa y el hecho de que el Presidente mismo haya admitido que no estaba “interiorizado en los pormenores del proyecto” refuerzan la idea de una conducta irresponsable.  

Desde una perspectiva legal, en algunos países este tipo de situaciones podrían considerarse publicidad engañosa o incluso abuso de poder si se demuestra que hubo intenciones de manipulación del mercado. Sin embargo, al no existir una regulación clara sobre la promoción de criptomonedas por parte de figuras políticas, la posibilidad de una sanción formal es incierta.  

El caso de $LIBRA expone un problema mayor en la relación entre la política y los mercados financieros. Cuando una figura pública, como el Presidente, respalda un producto sin el debido análisis, el riesgo de afectar a miles de ciudadanos es alto.  

Llanos responde que, más allá de lo legal, el comportamiento de Milei no fue ético, por varias razones:

• Abuso de confianza: la ciudadanía espera que sus líderes actúen con responsabilidad y eviten exponerlos a riesgos innecesarios.
• Falta de transparencia: promocionar algo sin revelar su desconocimiento sobre el proyecto es engañoso.
• Daño reputacional a instituciones: un político que respalda estafas, incluso de forma involuntaria, debilita la confianza en las instituciones.

“Milei, en su afán de promover una alternativa económica, incurrió en un error que pone en duda su criterio financiero y su rol como líder responsable. La pregunta que queda ahora es: ¿debe un político asumir las consecuencias de sus palabras cuando afectan directamente el bienestar de los ciudadanos?”, reflexiona Llanos.