Por Josué Daza
«Salir del closet», ritual que significa renunciar a los privilegios de la cisheteronorma – término que concibe a las personas en dos sexos distintos y excluyentes, hombre y mujer–, aún dentro de la ciudad considerada la más vanguardista e inclusiva del país, es un desafío de subsistencia, incluso con el interés que tuvo de formar parte de las «ciudades arcoíris».
“Se han conseguido normativas jurídico-legales a nivel municipal (La Paz) donde se reivindican los derechos de la población LGBT (…). Contamos con más o menos 39 normativas favorables a nivel nacional”, refiere el activista por los derechos humanos, Alberto Moscoso, sobre los avances vanguardistas de inclusión de las diversidades sexuales que se logró en la ciudad Sede de Gobierno.
En junio se conmemora el “mes del orgullo gay” en el mundo y con ello se puede tener certeza del problema que hay por la distancia entre lo dispuesto en papel y lo que en verdad se aplica en la realidad sobre la inclusión.
Fuera del closet: Inclusión, Política y Justicia
Hace 18 años, La Paz abría las puertas a la “Marcha del Orgullo Gay” de la mano del entonces alcalde del municipio, Juan Del Granado y junto a ella también se aprobaron ordenanzas municipales, se conformó un Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género y se obtuvo un reconocimiento por los «días de lucha en contra de la LGBTIQ+fobia» (17 de mayo y 28 de junio); todo estos son hitos fundamentales de inclusión.
“El salir del closet es altamente político. El salir a las calles con mis tacones de 30 centímetros de alto, con mi traje de chola paceña, también son hechos políticos”, afirma Paris Galán, icono «trans» y ex asambleísta departamental, quien luce el travestismo folclórico nacional en las calles de La Paz por casi 24 años.
Álvaro Moscoso y Gabriel Tapia, integrantes de la Asociación de Jóvenes LGBTI “Metamorfosis”, resaltan la importancia de la incidencia política y el activismo para la obtención de equidad en derechos, sin embargo, ambos coinciden que hay mucho camino por recorrer.
Aún el Código Penal no reconoce “la tipificación de ‘crimen de odio’ y no podríamos medir la gravedad con la que se dan crímenes que reflejan el odio que existe detrás de las diversidades sexuales”, asegura Favio Schuett, experto en Derecho.
Las crecientes cifras de agresiones, que en muchos casos terminan en muertes en contra de integrantes de la comunidad LGBTIQ, no son suficientes para lograr que desde la Asamblea Legislativa se planteen normas para protegerlos, como se hizo con el feminicidio.
El único antecedente de justicia del «transfeminicidio», que registra el Observatorio de los Derechos LGBT Bolivia, es el de Dayana Kenia Zárate Bustamante y su asesino fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
El doble discurso de lo conservador
Para el antropólogo y académico Walter Morales, el tema en La Paz aún es un tabú. “La gente andina es solidaria, puede aplaudirte y abrazarte, siempre y cuando, no seas de su familia”, sostiene.
“Nos obligan a identificarnos en lo aimara y lo cristiano. Desde la colonización se dan pautas morales de lo que se acepta o rechaza. Mientras lo andino ve la diversidad sexual como enfermedad, los núcleos familiares nos dicen lo que ‘corresponde’ a niños y a niñas, sin lugar a otras opciones, causando riesgos de identidad que se van a juzgar”, puntualiza Morales.
La psicóloga Silvia Nájera, experta en sexualidad y género, asegura que vivimos en una sociedad morbosa donde se aplaude la participación travesti en eventos públicos, como ocurrió con Barbarella, la travesti boliviana que besó al dictador Hugo Banzer Suarez, en la entrada folclórica del Gran Poder en 1974.
Morales y Nájera perciben una conducta contradictora en la ciudadanía que celebra la diversidad a conveniencia.
Las políticas de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, en tiempos de corrientes modernas en el mundo, sopesaron –en el caso de La Paz– con grupos extremos que protestan abiertamente contra normas que supuestamente “atentan contra el diseño natural que Dios dispuso para la familia”.
“Somos parte de un movimiento en América Latina (Con mis hijos no te metas) que decidió participar públicamente con la posición de una gran mayoría de ciudadanos que creemos en los valores cristianos, que tienen que ver con la familia, esposos, hijas e hijos. Y, no nacimos para estar en contraposición de nadie, sino, difundir el estilo de vida en familia que deseamos practicar en base a enseñanzas únicas y eternas, según el diseño de Dios” refiere sobre el tema Alberto Salcedo, pastor de la iglesia Ekklesia.
Tras la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en marzo de 2009, Bolivia pasó a ser un Estado laico, independiente de la religión.
El morbo en el closet
Si bien los expertos definieron a La Paz como públicamente conservadora, el consumo de contenido pornográfico gay-lésbico-bisexual-transexual llega a la popularidad promedio de 85,7 (escala 1-100), según tendencias de búsqueda en Google.
Para mayo de 2020, las búsquedas «estrella» con promedio de 100 son la pornografía de lesbianas al desnudo y de tríos bisexuales. En los últimos doce meses, son populares la pornografía gay y desnudez lésbica.
En cuanto a la pornografía transexual o transgénero, la popularidad de búsqueda ascendió hasta 100 entre 2020 y 2021, con lo que se descubre el lado oculto del rechazo, aparentemente justificado por las raíces aimaras y la cristiandad, con un consumo masivo de diversidad sexual para la intimidad anónima.
La Ciudad Arcoíris
«Como Gobierno Municipal de La Paz vamos a postular para formar parte de la Red mundial de Ciudades Arcoíris», anunciaba en 2017 el entonces alcalde del municipio, Luis Revilla, al inicio de la Marcha del Orgullo LGBTI+. Con el pasar del tiempo, aquel propósito pasó al olvido.
Rosmery Acarapi, exsecretaria municipal de Desarrollo Social del municipio de La Paz, asegura que el objetivo en la anterior gestión edil era pertenecer a la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, liderada por las ciudades de México, Buenos Aires y Bogotá, cuya función es proteger a la población LGBTIQ+. En 2017, la postulación se interrumpió por la coyuntura sociopolítica y la oposición de lideres conservadores religiosos.
La lucha del colectivo por la constitución de normas que garanticen una real inclusión de las diversidades sexuales debe traducirse en hechos, para subsanar las necesidades de esta población vulnerada. Los activistas y expertos consultados se animan a proyectar que en al menos dos décadas las normas con enfoque de conciencia social podrían dejar de ser la letra muerta en papel para que en verdad se apliquen a la realidad del país.