Datos que alarman. En 2022, Bolivia reportó 51.911 casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. 94 feminicidios y 38 infanticidios, 43.011 casos de violencia intrafamiliar y 6.206 denuncias por violación de niños y adolescentes, entre otros, según informe de la Fiscalía General del Estado.
Estas mismas estadísticas dan cuenta que, en el país, se registran más de 110 casos diarios de violencia contra niñas, niños y adolescentes. El tipo de maltrato más recurrente es el abuso sexual. Pese a que a nivel nacional existen normas vanguardistas, los índices de ultraje contra menores son alarmantes.
Se supone que el hogar debería ser ese espacio confiable y seguro para los menores. El informe de la Fiscalía revela que es en esos mismo hogares donde surgen la mayor cantidad de denuncias. Aunque los datos oficiales no reflejan la verdadera dimensión de la violencia, debido al miedo que sienten las familias a denunciar a uno de sus miembros.
Consuelo Tórrez, abogada especialista en niñez, exdirectora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz y actual docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, lamenta la falta de acuerdo entre las instituciones llamadas a velar por los derechos de los niños y adolescentes. La experta demanda una mejor coordinación para superar las falencias del sistema de protección de los derechos de los niños, a fin de reducir, de una vez, los altos índices de violencia.
“No hemos podido engranar hasta la fecha para un abordaje adecuado a cada tipología. En el tema de niños, son 27 tipologías que manejamos de acuerdo a la situación de conflictos de los menores de edad. Cuando hablamos de cómo estamos normativamente, creo que tenemos que hacer un análisis profundo. Nuestra normativa ha avanzado, pero las instituciones no hemos avanzado a la par de la normativa”, dijo Tórrez.
De objetos de derecho a sujetos de derecho
Los niños son sujetos de derecho, establece el marco normativo actual. Lamentablemente, el mismo sistema de protección los ha visto solo como objetos de derecho por bastante tiempo. A partir de ese reconocimiento, es que se empieza a hablar del derecho infantil o de la niñez, que se encontraría un peldaño más arriba del derecho de familia.
El marco jurídico boliviano establece distintas formas de violencia, desde las llamadas infracciones que son las formas de violencia psicológica hacia los menores de edad, la utilización de niños en conflictos de adultos, como la guarda, hasta los denominados delitos, donde hay violencia física y los infanticidios.
Tórrez cuestiona que, por ejemplo, durante la pandemia se hayan realizado entrevistas virtuales a niños y adolescentes víctimas de violencia. Esta modalidad resulta ser impersonal y nada amigable con ellos, debido a que la virtualidad no deja encontrar un lenguaje amigable con ellos.
“Que un juez de la niñez le pregunte al niño, cómo te sientes, a través de una cámara, no está bien. Los principios en materia de niñez es ponerse en el lugar del niño, ser empático y lograr la confianza con el niño”, indica Tórrez.
Si bien se ha avanzado bastante en este último tiempo, las audiencias virtuales no han podido lograr la cercanía que se tenía con las audiencias presenciales.
Ruta crítica para la protección de los derechos de los niños
El sistema de protección, conformada por todas las instituciones llamadas por ley, ha establecido una ruta crítica para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en función a tipologías.
La misma se rompe cuando se aplican los protocolos, debido a diversos factores, como la falta de personal especializado, el incumplimiento de plazos procedimentales lo que lleva a un desgaste emocional de las víctimas, haciendo que se rindan en el camino y los casos no lleguen a buen puerto, es decir reciben sentencia.
Tips para la protección del derecho infantil
El marco normativo no habla de cómo ser padres, por lo que, también, es un error que los adultos responsabilicen a las instituciones por sus obligaciones como progenitores.
Tórrez menciona cuatro “tips” que contribuyen en la protección de los derechos de los menores:
1. Desnaturalizar la violencia
2. Forjar lazos afectivos en la familia
3. Ejercer el derecho a la protección, con diferentes acciones de los padres.
4. Estar presente en cada etapa de los hijos.
“Construir una familia es complicado, no es sencillo. Tampoco es imposible, por eso el primer sistema de protección, sin duda alguna, tiene que ser la familia. No esperemos que venga el SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales), la Defensoría de la Niñez, juzgados, ministerio público. Nosotros tenemos el deber no solo legal, sino moral de proteger a las niñas, niños y adolescentes”, asegura Consuelo Tórrez.
Ante tantos casos de violencia contra los menores de edad, las instituciones llamadas por ley a proteger sus derechos, además de la familia, deben proyectar urgentemente políticas públicas que atiendan estas problemáticas a fin que niñas y niños vivan en entornos libres de cualquier tipo de violencia, y que existan mecanismos para prevenir y responder ante cualquier hecho de violencia de manera inmediata.