Crisis estructural del sistema judicial, tema de debate entre cuatro juristas
¿Cuál es el origen de la crisis judicial en el país? ¿Cómo resolverla? ¿Qué significa la prórroga de magistrados de los altos tribunales? ¿Qué opciones dan la CPE y el derecho constitucional? ¿Estamos en una crisis judicial o constitucional? ¿Cómo avanzar en una reforma judicial o constitucional? Son, sin duda, algunas interrogantes que se hacen los bolivianos a propósito de la profunda crisis en la que se ha sumergido el sistema judicial boliviano y que se ha profundizado este año con la prórroga de mandato de los magistrados de los altos tribunales.
La crisis judicial es una problemática arraigada que ha tocado fondo. Los factores que la alimentan son diversos y complejos, al igual que las propuestas de solución. Las mismas serán abordadas en un diálogo que contará con la participación del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gabriela Sauma de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y Jorge Asbún, expresidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales.
El evento, que es organizado por el grupo Marcos Escudero, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres Bolivia), la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, se realizará de forma presencial este viernes 2 de febrero, a las 10:00, en el salón de actos de Unifranz Cochabamba. La moderación estará a cargo de la exsenadora Ericka Brockman.
El dialogo se desarrolla en un contexto conflictivo en el país, con bloqueos y protestas motivados por sectores políticos y sociales que exigen elecciones judiciales, ante una prórroga de mandato de miembros del Tribunal Constitucional y en el preludio de elecciones generales.
Crisis estructural
Para el exmagistrado del TCP, José Antonio Rivera, la crisis en el sistema judicial es “estructural”, tiene diversas causas y data del siglo pasado, pero que en los últimos 15 a 20 años se ha agudizado.
Entre otras raíces, el jurista identifica problemas económico financieros, de índole institucional, de orden legislativo, de injerencia política y, finalmente, académicos.
“Hoy estamos presenciando cómo se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política y, por lo tanto, eso ha debilitado al extremo la independencia judicial en la dimensión institucional, así como en la dimensión individual de los jueces y magistrados”, explica Rivera.
En tanto, para la abogada Gabriela Sauma, la crisis es el resultado de la falta de independencia del órgano judicial.
“Este problema se ha profundizado a través de la desinstitucionalización del órgano judicial, la declaración de todos los cargos judiciales como transitorios o provisorios, la forma de elección de las máximas autoridades judiciales plasmada en la CPE, la falta de conformación de una verdadera carrera judicial, el escaso presupuesto asignado al órgano judicial, la falta de un desarrollo adecuado de la jurisdicción indígena originaria campesina y sus limitaciones contenidas en la propia constitución y en la Ley del Deslinde Jurisdiccional”, señala.
El origen está en la CPE y la solución en su reforma parcial
Para Sauma existen una serie de “defectos” que se encuentran en la Constitución Política y que deberían ser modificados a través de su reforma parcial. La experta identifica al menos cinco fallas y su correspondiente solución.
- La forma de elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial, modificando la preselección de las autoridades sobre la base de méritos e idoneidad profesional, con la participación de instituciones académicas.
- La elevación del porcentaje del presupuesto a favor del órgano electoral, por lo menos el 3% del PGE.
- La conformación paritaria del TCP en cuanto sus representantes de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, así como la designación de estos últimos a partir de normas y procedimientos propios.
- Que la designación de los vocales de los Tribunales Departamentales sea realizada por los jueces que cuenten con carrera judicial, atendiendo a sus méritos.
- Que se garantice la carrera judicial
“La solución de la crisis pasa por, primero, modificar la CPE y sus consiguientes normas; segundo, institucionalizar a todas y todos los jueces, así como los fiscales; tercero, depurar el ordenamiento jurídico de normas que son contrarias al principio de constitucionalidad y que han sido utilizadas para iniciar procesos penales contra las y los jueces (como los tipos penales prevaricato y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes)”, puntualiza.
Un aspecto destacado por los juristas es la falta de realización de elecciones judiciales debido a un diseño defectuoso del sistema de selección y designación, que ha agudizado la injerencia política en el sistema judicial y ha debilitado aún más su independencia.
Ante esta situación, Rivera considera que la solución también pasa por una reforma constitucional parcial, que debería abordar los problemas estructurales, garantizando la independencia de magistrados y estableciendo mecanismos transparentes de selección y designación, basados en la idoneidad profesional y la experiencia.
“En la última reforma constitucional se ha cometido el tremendo error de optar por la vía de la elección por voto popular de los magistrados de las altas cortes y tribunales de justicia y que ha contribuido a la extrema injerencia política en el sistema judicial y ha debilitado en extremo la independencia judicial”, reflexiona el exmagistrado.
Por ese motivo, según Rivera, existe la urgente necesidad de encarar una reforma constitucional para modificar el sistema de selección y designación, que garantice a los ciudadanos contar con un Órgano Judicial dotado de magistrados independientes e imparciales.
Sin embargo, la realización de elecciones judiciales, aunque importante, no resolverá por sí sola la crisis. Es necesario enfrentar las causas subyacentes de manera integral, mediante una asignación presupuestaria adecuada, una legislación actualizada, una gestión administrativa eficiente y una reestructuración institucional.
Independencia de poderes
La independencia de los poderes del Estado es fundamental para la preservación de la democracia. El artículo 12 de la CPE proclama como uno de los principios básicos para la organización y ejercicio del poder político, la independencia de los órganos de poder, la separación de funciones, la coordinación y cooperación.
“La independencia del órgano judicial garantiza que los conflictos sean resueltos sin intereses políticos ni apetitos personales, y que se efectúe una aplicación e interpretación de las leyes en el marco de la CPE y el bloque de constitucionalidad”, asegura Sauma.
Por su parte, Rivera manifiesta que cuando no existe plena independencia de los órganos de poder se corre el riesgo de que el ejercicio del poder político se concentre en un órgano y, a veces, en una persona.
“En países que tienen un sistema político presidencialista como es el caso boliviano se corre el riesgo de que se concentre el poder político en el Presidente y que los demás órganos tengan una debilitada independencia. Por lo tanto, en vez de ejercer los controles correspondientes, en vez de frenar y contrapesar los excesos van a conectar, van a ir aprobando y con ello corremos el riesgo de transitar del régimen democrático hacia un régimen autocrático”, puntualiza.
Reflexión desde la academia
La directora de la carrera de Derecho de Unifranz, Mirtha Vargas, destaca que es importante que la academia genere espacios que promuevan la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico de los estudiantes.
“El Órgano Judicial es un pilar fundamental de cualquier Estado, por lo que el analizar las causas y factores que contribuyen a la crisis, y proponer posibles soluciones basadas en investigaciones y evidencias, pero desde el derecho constitucional, permite generar conocimiento especializado sobre el tema”, puntualiza.
Al abordar la crisis desde la academia se puede generar conciencia y promover escenarios de análisis para un diálogo informado y constructivo sobre la importancia de abordar la actual crisis del sistema judicial.
