Por Manuel Filomeno
La Inteligencia Artificial (IA) es una poderosa herramienta que facilita muchas tareas repetitivas o monótonas, automatizando procesos y coadyuvando a la corrección de errores en el campo del derecho, pero ¿puede escribir leyes?
Hace algunas semanas, se reveló que un concejal de la ciudad brasileña de Porto Alegre le pidió al chatbot de OpenAI ChatGPT, que le redactara un proyecto de ordenanza municipal. La inteligencia artificial le escribió toda la ordenanza, con justificaciones incluidas. La norma fue aprobada por unanimidad.
El legislador confesó que no hizo ni un solo cambio al texto de ChatGPT. Explicó que introdujo en la herramienta un prompt de 49 palabras. En segundos, le devolvió el borrador completo de la propuesta, con justificaciones incluidas.
“La IA está ejerciendo una influencia significativa en la redacción de leyes, transformando la forma en que se abordan y desarrollan normativas legales. En primer lugar, la automatización se ha convertido en un elemento clave, ya que los algoritmos de IA pueden llevar a cabo tareas repetitivas asociadas con la creación de leyes, como revisar documentos legales e identificar precedentes. Este proceso automatizado no sólo agiliza el trabajo, sino que también reduce la posibilidad de errores y ambigüedades en los textos legislativos”, explica William Llanos, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.
El experto agrega que, además, el uso de la IA permite que la herramienta despliegue su capacidad analítica para examinar grandes volúmenes de datos legales.
“Este análisis profundo permite identificar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos para los humanos, proporcionando a los legisladores información valiosa para la toma de decisiones informada. Asimismo, la generación de texto asistida por IA contribuye a mejorar la coherencia y claridad en la redacción de propuestas legislativas, facilitando la comprensión y aplicación de las leyes”, agrega.
Otro aspecto crucial es el análisis predictivo, donde la IA utiliza modelos para evaluar el posible impacto de nuevas leyes.
“Estos modelos examinan casos previos y datos relevantes para prever resultados y consecuencias, permitiendo a los legisladores anticipar desafíos potenciales. La adaptabilidad continua de las leyes también se ve favorecida, ya que la IA puede monitorear cambios legislativos y en la sociedad en tiempo real, sugiriendo actualizaciones automáticas para mantener la legislación al día”, acota Llanos.
Sin embargo, si bien el uso de la IA ofrece múltiples beneficios, también plantea desafíos legales respecto a la autoría y al sesgo que pueden tener las normas formuladas usando la herramienta.
“Aunque la IA ofrece mejoras sustanciales en la eficiencia del proceso legislativo y la calidad de la redacción legal, no está exenta de desafíos éticos y legales. La posible herencia de sesgos presentes en los datos de entrenamiento plantea preocupaciones sobre la equidad y justicia en las leyes generadas por algoritmos”, puntualiza el experto.
Asimismo, la asignación de responsabilidad y la transparencia en los procesos algorítmicos son aspectos críticos que deben abordarse para garantizar la confianza y la rendición de cuentas en la aplicación de la IA en la redacción de leyes.
“En conjunto, la influencia de la IA en este ámbito representa una evolución significativa con el potencial de mejorar la eficacia y adaptabilidad del sistema legal, siempre y cuando se aborden cuidadosamente los desafíos éticos y legales asociados”, dice.
Por lo tanto, agrega el académico, desde el punto de vista legal, surge la pregunta crucial de la responsabilidad.
“¿Quién sería responsable en caso de que un algoritmo genere una ley con consecuencias negativas o imprevistas? La atribución de responsabilidad se vuelve más compleja en entornos algorítmicos, y es necesario establecer normas claras para determinar quién asume la responsabilidad en caso de errores o decisiones perjudiciales”, puntualiza.
Por otra parte, desde una perspectiva ética, la cuestión del sesgo en los algoritmos se vuelve crucial. La IA puede heredar y perpetuar sesgos presentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que podría traducirse en leyes discriminatorias.
“Abordar y mitigar estos sesgos es esencial para garantizar la equidad y la justicia en las leyes generadas por la IA. Además, la transparencia en los procesos algorítmicos es un componente ético clave. La falta de claridad sobre cómo se toman las decisiones y se genera la redacción legal puede disminuir la confianza pública y comprometer la legitimidad del sistema legal”.
Otro aspecto ético importante es la privacidad y la protección de datos.
“La IA a menudo utiliza grandes cantidades de datos para su entrenamiento, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad de las personas involucradas en esos conjuntos de datos. Asegurar que la recopilación y el uso de datos cumplan con las leyes y regulaciones de privacidad se vuelve esencial para evitar violaciones éticas”, sostiene LLanos.
La participación de la IA en la redacción de leyes también plantea desafíos en términos de inclusión y acceso a la justicia.
“Aunque la tecnología puede mejorar la eficiencia, existe el riesgo de excluir a aquellos que no tienen acceso a la tecnología avanzada o a la capacitación necesaria para interactuar con sistemas automatizados. Esto podría generar disparidades en el acceso a la información legal y a los procesos legislativos”, concluye el experto.