Trabajo en Bolivia: claves y oportunidades para mejorar la calidad laboral en 2026
En el marco del Día del Trabajo, este 1 de mayo encuentra a Bolivia frente a un desafío persistente: transformar un mercado laboral con bajos niveles de desempleo en uno que garantice calidad, estabilidad y perspectivas de desarrollo. Aunque las cifras oficiales muestran avances, el trasfondo revela una estructura frágil, marcada por la informalidad y la desigualdad.
De acuerdo con los datos más recientes, la tasa de desocupación urbana se sitúa en torno al 2,3%, una de las más bajas de la región. Sin embargo, este indicador no refleja la realidad completa del empleo en el país, donde la precariedad sigue siendo una constante.
“El principal desafío estructural es la alta informalidad. De acuerdo con el Panorama Laboral 2025 de la OIT, Bolivia lidera la región con una tasa de informalidad del 82,3% al primer semestre de 2025, muy por encima del promedio regional que ronda el 47%”, explica Ronald Bedregal, coordinador del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).
De acuerdo con Bedregal, la mayoría de los trabajadores se encuentra fuera del sistema formal, lo que implica una vulnerabilidad estructural frente a crisis económicas.
“Eso significa que más de ocho de cada diez trabajadores no tienen contrato, no cotizan a la seguridad social, carecen de estabilidad y están expuestos a cualquier shock económico. Gran parte de esa ocupación se da en el autoempleo o cuentapropismo, que muchas veces funciona más como mecanismo de supervivencia que como generador de valor agregado”, apunta.
Este escenario está estrechamente vinculado a brechas históricas que limitan el acceso a empleo de calidad. Jóvenes, mujeres y trabajadores en regiones periféricas enfrentan mayores obstáculos, lo que profundiza la desigualdad en el mercado laboral boliviano.
“A esto se suman otras brechas profundas: la brecha de habilidades entre lo que forman las universidades e institutos y lo que realmente demandan las empresas. Nuestro Observatorio Nacional del Trabajo ha identificado que competencias como el dominio de Excel, el trabajo en equipo, las habilidades digitales y el análisis de datos son las más solicitadas, pero muchos egresados llegan sin experiencia práctica ni actualización tecnológica”, agrega.
En paralelo, las políticas recientes, como el incremento del salario mínimo a Bs 3.300 y la flexibilización de la negociación salarial, buscan mejorar los ingresos, pero enfrentan límites estructurales. Las micro y pequeñas empresas, responsables de gran parte del empleo, operan con márgenes reducidos que dificultan absorber estos cambios sin afectar su sostenibilidad.
Pese a este panorama, el contexto actual también abre oportunidades. La digitalización, el trabajo remoto y la diversificación hacia sectores como la agroindustria, el turismo de calidad y los servicios digitales ofrecen nuevas rutas para dinamizar el empleo, aunque requieren transformaciones profundas en la política pública.
“Para mejorar las oportunidades de empleo necesitamos pasar de un enfoque centrado solo en ‘proteger el puesto de trabajo’ a uno que priorice la empleabilidad y la productividad del trabajador a lo largo de su vida”, acota Bedregal.
Modernización normativa
Para Bedregal, desde esta perspectiva, la modernización de la normativa laboral aparece como un paso necesario para adaptarse a las nuevas dinámicas económicas.
“La Ley General del Trabajo tiene más de 70 años y en muchos aspectos resulta rígida para la realidad actual de las empresas, especialmente las MYPES, que generan la mayor parte del empleo. Necesitamos mayor flexibilidad en la contratación y el ajuste de plantillas, combinada con portabilidad de derechos y protección social fuerte, para reducir los altos costos de formalización sin desproteger al trabajador”, apunta.
A ello se suma la urgencia de generar incentivos reales para la formalización, simplificar trámites y fortalecer políticas activas de empleo, especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres.
“Tercero, se requieren incentivos claros a la formalización: simplificación de trámites, reducción temporal de cargas tributarias y previsionales para nuevos empleos, y políticas activas de empleo juvenil y femenino, como programas de primer empleo con pasantías pagadas y subsidios a la demanda”, dice el experto.
El desafío, sin embargo, no recae únicamente en el Estado. La articulación entre sector público, privado y academia es clave para construir un mercado laboral más equitativo y sostenible.
“Desde el Observatorio Nacional del Trabajo creemos que se necesita un esfuerzo conjunto entre gobierno, sector privado y academia. Algunas acciones clave serían fortalecer las alianzas tripartitas, invertir en capital humano y avanzar en una formalización inteligente que haga atractivo el tránsito hacia la formalidad”, agrega el coordinador del ONT.
En este 1 de mayo, Bolivia no solo conmemora las luchas históricas por los derechos laborales, sino que enfrenta la necesidad de redefinir su modelo de empleo. El reto es avanzar hacia un sistema que no solo genere trabajo, sino que garantice condiciones dignas, estabilidad y oportunidades reales de desarrollo. La transición hacia la formalidad y la productividad no es inmediata, pero constituye una condición indispensable para el crecimiento económico y la cohesión social del país.