Avance tecnológico impulsa la actualización del derecho informático en Bolivia
La evolución de la tecnología ha transformado la forma en que las personas se comunican, trabajan y acceden a servicios. Este crecimiento no siempre ha sido acompañado por un marco legal actualizado, lo que plantea la necesidad urgente de modernizar el derecho informático y los derechos digitales.
Marco Antonio Nogales, docente de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca que el primer paso para cerrar esta brecha es político: «Mejorar el marco legal primeramente parte de una voluntad política, de la voluntad de los gobernantes para poder iniciar y tener iniciativas legislativas y también políticas públicas», sostiene el académico.
Actualmente, el país enfrenta una brecha significativa entre la evolución digital y la normativa vigente. Legislaciones como la Ley N.º 164 de Telecomunicaciones, promulgada en 2011, resultan insuficientes para abordar fenómenos actuales como la inteligencia artificial, el comercio electrónico, el uso de datos masivos o los ciberdelitos complejos.
El crecimiento de delitos informáticos como el phishing, el robo de identidad, el ciberacoso o el ransomware evidencia la necesidad de contar con leyes más específicas. En Bolivia, solo algunos delitos digitales están tipificados, lo que genera dificultades en su persecución y sanción.
A esto se suma la falta de una ley integral de protección de datos personales plenamente vigente, lo que deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad frente al uso indebido de su información.
Iniciativas en proceso, pero aún insuficientes
En los últimos años, han surgido algunos avances, como el proyecto de ley de protección de datos personales. Sin embargo, su implementación aún no se ha concretado.
«En este sentido, también vale la pena recordar que tenemos ya una ley, un proyecto de ley de protección de datos personales que se ha aprobado la gestión pasada en la Cámara de Senadores, pero por conclusión de la legislatura, pues quedó archivado. Y esto se constituiría en una primera iniciativa de protección de datos personales. Evidentemente tiene ciertos puntos críticos, tiene algunos aspectos que se pueden rescatar; sin embargo, se podría constituir en una primera iniciativa», explica Nogales.
Este escenario refleja la necesidad de retomar y fortalecer estas propuestas, adaptándolas a los estándares internacionales y a las nuevas dinámicas digitales.
Derechos digitales y modernización del Estado
La actualización del derecho informático no solo implica regular delitos, sino también garantizar derechos fundamentales en entornos digitales, como la privacidad, la protección de datos y el acceso equitativo a la tecnología.
Además, la digitalización de los servicios públicos requiere un respaldo normativo sólido que evite arbitrariedades y garantice transparencia.
«El Derecho Informático y la modernización del Estado parte precisamente por esta voluntad que tengan nuestros gobernantes de proporcionar políticas públicas e iniciativas legislativas para poder lograr un marco normativo de pleno respeto a los derechos fundamentales dentro de lo que es la agilización de los trámites administrativos, estandarización de los trámites administrativos, que no solo va de la mano de una digitalización de trámites, sino que tiene que ir acompañado de este marco normativo fuerte, robusto, que es necesario para poder evitar cualquier tipo de discrecionalidad de la administración pública», explica el académico.
Hacia una legislación acorde al siglo XXI
La experiencia internacional demuestra que países que han incorporado derechos digitales en sus marcos constitucionales o han desarrollado leyes específicas de protección de datos han logrado fortalecer la confianza ciudadana y promover la innovación.
En Bolivia, avanzar en esta dirección exige no solo actualizar las leyes vigentes, sino también reconocer derechos como la autodeterminación informativa, proteger a la ciudadanía frente a la vigilancia masiva y regular tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
Actualizar el derecho informático y los derechos digitales es una necesidad. La transformación digital exige un marco legal que proteja a los ciudadanos, garantice seguridad jurídica y promueva el desarrollo tecnológico.
Existe el riesgo de quedar rezagados frente a los avances globales. En este escenario, la articulación entre Estado, academia y sociedad civil es clave para construir una normativa moderna, inclusiva y acorde a los desafíos del siglo XXI.