Riesgos y oportunidades para empresas estatales de realizar operaciones con criptos 

La reciente aprobación de la Resolución Ministerial 055 por parte del Ministerio de Economía de Bolivia marca un hito en la gestión financiera estatal: las empresas y entidades públicas ahora podrán operar con criptomonedas, específicamente con stablecoins, para cumplir con sus obligaciones contractuales en moneda extranjera. Esta medida, enmarcada en la creciente escasez de dólares en el país, genera tanto expectativa como preocupación entre expertos y actores del sector financiero.

“En un escenario con divisas casi agotadas como es el caso de Bolivia, las operaciones del país con el resto del mundo se vieron ralentizadas y perjudicadas; ello derivó en un incremento en los costos y por lo tanto la transferencia a los precios; por supuesto que las empresas estatales también compran bienes y servicios extranjeros y por lo tanto requieren de dólares y al no existir los mismos, las operaciones con stablecoins viene a ser la única opción de continuar con sus operaciones”, explica Orlando López, economista financiero y docente de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

El experto indica que la principal ventaja del uso de stablecoins radica en la posibilidad de agilizar las transacciones internacionales sin la necesidad de depender del sistema bancario tradicional, que en Bolivia enfrenta una limitación de divisas. 

“Las finanzas descentralizadas (DeFi) permiten evitar la burocracia impuesta por los bancos centrales, lo que facilita pagos y transferencias en segundos. Esta flexibilidad puede resultar clave para sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería y el comercio exterior, que requieren de liquidez en moneda extranjera para mantener su competitividad”, explica el académico.

Otro punto a favor es la transparencia y trazabilidad de las criptomonedas, lo que podría mejorar la gestión financiera de las empresas estatales. 

“El uso de plataformas como Binance garantiza mayor eficiencia en los pagos, reduciendo costos asociados a los sistemas financieros tradicionales”, sostiene López.

Los riesgos: regulación y control estatal

Pese a sus ventajas, la medida también conlleva riesgos significativos. Uno de los principales desafíos es la burocracia asociada a la compra y registro de activos virtuales. Si bien las empresas estatales no invertirán en criptoactivos volátiles, sino únicamente en stablecoins, la falta de un marco regulatorio claro en Bolivia podría generar obstáculos en la implementación de esta estrategia.

López advierte sobre la posibilidad de que el Estado intente monopolizar el uso de activos virtuales y se convierta en el único ente autorizado para controlar las transacciones del sector privado. 

“Si esto sucede, se incrementará la burocracia y los costos financieros, lo que podría generar el efecto contrario al esperado”, alerta el economista.

Asimismo, la seguridad de la información y la ciberseguridad son factores críticos a considerar. La vulnerabilidad de las plataformas de intercambio quedó evidenciada recientemente con el hackeo a la empresa global Bybit. Este tipo de incidentes subraya la importancia de contar con personal altamente capacitado para gestionar activos virtuales y mitigar posibles riesgos.

Impacto en la economía y recomendaciones

Desde una perspectiva más amplia, López considera que esta medida podría representar un alivio temporal para la economía boliviana, pero su éxito dependerá de cómo se implementen las regulaciones y controles internos en las empresas estatales. 

Entre las recomendaciones clave para garantizar un uso eficiente y seguro de estos activos, el experto resalta:

• Capacitar a los equipos de trabajo en la gestión de activos virtuales.
• Asegurar que las contrapartes acepten pagos en stablecoins.
• Reducir la burocracia estatal para evitar sobrecostos administrativos.
• Asesorarse con especialistas en tecnología financiera y ciberseguridad.
• Gestionar los riesgos financieros asociados a la volatilidad de los mercados y posibles ataques cibernéticos.

De acuerdo con la nueva normativa emitida por el Ministerio de Economía, el Gobierno dejó en manos de cada empresa estatal la evaluación de costos y beneficios de operar con criptomonedas. La normativa establece que la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad será responsable de la obtención y transferencia de estos activos, además de garantizar su adecuada gestión en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Por otro lado, se creó la “cuenta fiscal de activo virtual”, que permitirá registrar los movimientos relacionados con la obtención y uso de estos recursos. Además, se definieron restricciones para evitar conflictos de interés en la designación del personal encargado de las transacciones.

Para López, la clave está en la gestión eficiente de los riesgos y la eliminación de barreras burocráticas innecesarias. 

“Las criptomonedas ya son el presente, pero su adopción debe ser estratégica y responsable para evitar problemas mayores”, concluye el economista.