Regulación fintech en Bolivia: ¿una oportunidad para formalizar o una amenaza para la descentralización?

En pasados días, en un giro inesperado y luego de meses de subidas y mesetas, la cotización del dólar paralelo en Bolivia empezó a bajar. La razón: la incertidumbre generada por la anunciada regulación de las plataformas digitales de Exchange y otras que operan con criptoactivos, las cuales crearon una crisis de confianza en las monedas virtuales, jalando a la divisa hacia abajo por la falta de demanda.

Con el pasar de los días, el dólar paralelo fue estabilizándose y recuperando su valor anterior a la crisis de confianza. Esta reacción fue provocada por el lanzamiento y explicación del nuevo reglamento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para regular plataformas de intercambio de criptomonedas y empresas fintech, una medida interpretada por muchos como el inicio de la formalización de los canales digitales de transacción y por otros como un control innecesario a plataformas por parte del Estado.

“Finalmente salió el reglamento para empresas de tecnología financiera. Básicamente, la ASFI nos está poniendo todas las reglas del juego normativas para aquellas empresas que operan con en todo lo que significa la cadena blockchain, criptoactivos, etcétera”, explica el economista financiero Orlando López, docente de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, quien ha seguido de cerca el impacto de esta medida.

La Resolución ASFI/540/2025, en vigencia desde el 8 de julio, establece las bases para controlar el funcionamiento de las Empresas de Tecnología Financiera (ETF), clasificándolas como servicios financieros complementarios. Esta normativa se deriva del Decreto Supremo N.º 5384 y busca ofrecer un marco legal claro para el desarrollo de innovaciones tecnológicas en finanzas, mercado de valores y seguros. ¿Esta regulación realmente fortalece el ecosistema fintech y protege al usuario, o representa un obstáculo a la descentralización que promueven las criptomonedas?

El nuevo reglamento se aplica tanto a nuevas fintech que soliciten licencia, como a aquellas ya operativas que deberán adecuarse antes del 31 de diciembre de 2025. También abarca compañías extranjeras que operen en Bolivia mediante alianzas con entidades locales. Las actividades reguladas incluyen blockchain, activos tokenizados, plataformas de pago y financiamiento, así como servicios tecnológicos empresariales.

“Estas ETF tienen que constituirse como una empresa de servicios financieros complementarios, tienen que tener infraestructura, tienen que tener sistemas de información, tienen que tener sistemas de gestión integral de los riesgos, tienen que tener sistemas de seguridad de la información, sistemas de ciberseguridad, ingeniería de servidores, personal calificado, entre otros requisitos”, detalla López. La complejidad de los requisitos genera preocupaciones sobre su impacto en operadores pequeños o informales que venían funcionando sin supervisión.

Una de las herramientas clave de la nueva norma es el Entorno Controlado de Pruebas (sandbox), que permitirá a las fintech testear sus productos por hasta 36 meses con ciertas flexibilidades. Este entorno busca fomentar la innovación sin descuidar la seguridad operativa. “Las ETF que ingresan al proceso de adecuación están en la obligación de testear sus productos y servicios en este entorno controlado de pruebas. Les van a pedir descripción tecnológica, pruebas, protocolos, documentación, planes de contingencia”, añade López.

Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, el economista advierte que la exigencia de infraestructura física adecuada (como oficinas comerciales y no domicilios), sistemas robustos y personal especializado podría dejar fuera a muchas iniciativas emergentes. 

“Definitivamente esto va a perjudicar a empresas que estaban operando en sus departamentos, ahora, estas empresas van a tener que tener infraestructura, sistemas de seguridad, operativa, personal calificado. Esto va a encarecer los servicios”, opina.

El impacto no se limita al plano operativo. Muchas personas y pequeños inversores que venían ofreciendo servicios relacionados con criptoactivos deberán tomar decisiones drásticas: formalizarse, abandonar el sector o seguir operando en la clandestinidad. “Muchas empresas van a fusionarse, van a hacer algunos convenios y poner capital para conformar una ETF. Otros no van a querer entrar y se van a quedar en la clandestinidad”, anticipa López.

Aunque la norma no regula directamente a plataformas internacionales como Binance, sí impone requisitos a los servicios y productos ofrecidos en Bolivia a través de estas plataformas. Según López, “el reglamento no te está diciendo que va a normar a exchanges como Binance. Lo que sí va a normar son los servicios y productos que las empresas constituidas en Bolivia  van a ofrecer al consumidor a través de estos exchanges”.

Pese a las críticas, el economista y docente en Unifranz reconoce que uno de los objetivos fundamentales de la normativa es proteger al consumidor frente a fraudes, esquemas Ponzi y estafas que han proliferado en el país. 

“Lo que sí están tratando es de proteger al consumidor. Financiera y legalmente. Ya no puedes desaparecer y dejar al cliente sin respuesta. Si te regulas, vas a tener que responder”, aclara.

Las implicaciones del nuevo reglamento también son estructurales. La informalidad ha sido una constante en el ecosistema de criptoactivos en Bolivia. La falta de reglas claras permitió que muchas personas operen desde sus casas sin respaldo legal. 

“Sabemos de muchos fraudes, de muchos engaños en los que han caído personas prometiendo grandes rendimientos. Se acabó. Esto va a significar fuertes inversiones para los que se quieran dedicar a esto”, enfatiza.

La regulación marca un antes y un después en el ecosistema fintech boliviano. Por un lado, representa un avance institucional que busca proteger al usuario y dar legitimidad a las operaciones digitales. Por otro, impone barreras de entrada que podrían marginar a emprendedores informales. 

La clave, según expertos como López, estará en acompañar la implementación con educación financiera, financiamiento adecuado y orientación técnica para facilitar la transición hacia un sistema más seguro, pero también más inclusivo.