Matrícula en universidades privadas crece en Bolivia, pero el sector enfrenta retos en calidad, empleo e innovación
El crecimiento de la matrícula en universidades privadas en Bolivia ya no es una tendencia incipiente, sino una realidad que está reconfigurando el mapa de la educación superior. Más estudiantes optan por esta alternativa, reduciendo la brecha histórica con el sistema público y empujando al sector hacia una nueva etapa, donde el desafío principal ya no es el acceso, sino la calidad y la pertinencia.
Durante el Encuentro por la Educación, organizado por el Ministerio de Educación de Bolivia, se expuso que actualmente las universidades privadas concentran alrededor de 224.690 estudiantes, con una proyección que apunta a un equilibrio progresivo con el sistema público.
“Esto implica que poco a poco la matrícula se va emparejando y que este 44% que ahora tiene la universidad privada podría llegar pronto a un 50%”, explicó Verónica Ágreda, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).
El aumento de estudiantes responde a una expansión sostenida de la cobertura. Las universidades privadas están presentes en los nueve departamentos del país, tanto en áreas urbanas como rurales, con una oferta académica diversificada. Sin embargo, este crecimiento plantea tensiones estructurales. “El reto de la masificación, sin duda, es la calidad educativa”, advirtió Ágreda, marcando uno de los principales desafíos del sistema.
El contexto en el que se da esta expansión también es particular. Bolivia se ubica entre los países que más invierten en educación en la región. “Bolivia es el segundo país que más invierte en educación después de Cuba”, señaló Ágreda, al precisar que el gasto alcanza entre el 7,5% y el 8% del PIB. No obstante, solo una pequeña fracción se destina a la educación superior, lo que limita las posibilidades de fortalecer el sistema en su conjunto.
Más allá del acceso, otro problema clave es la titulación. Aunque la matrícula crece, no todos los estudiantes concluyen sus estudios en los tiempos previstos. “El problema es cuánto tiempo están tardando los profesionales en graduarse dentro del sistema educativo”, afirmó, evidenciando una brecha entre ingreso y egreso.
La relación entre formación y empleo es otro punto crítico. Si bien la empleabilidad ronda el 69%, persiste una desconexión entre la oferta académica y las demandas del mercado laboral. “Cuando existe una desarticulación entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral, no solamente le hacemos un daño a los estudiantes, sino al propio país”, sostuvo Ágreda.
Frente a este escenario, el sector plantea una serie de reformas. Una de las más relevantes es la creación de una agencia nacional de acreditación con autonomía. Actualmente, muchas universidades recurren a certificaciones internacionales, pero la ausencia de un sistema propio limita la competitividad. “No tener una agencia de acreditación nacional que tenga un gobierno autónomo no nos permite ser competitivos a nivel internacional”, afirmó.
A esto se suma la necesidad de flexibilizar el marco normativo para permitir actualizaciones curriculares más ágiles. “Tenemos que destrabar estos procesos burocráticos que limitan la agilidad y la capacidad de respuesta de las universidades”, enfatizó, en referencia a los tiempos que hoy dificultan la adaptación a nuevas demandas.
La transformación digital también aparece como un reto ineludible. El sistema necesita incorporar competencias digitales, avanzar en el uso responsable de la inteligencia artificial y cerrar brechas tecnológicas. En paralelo, el fortalecimiento de la investigación se plantea como una tarea pendiente, con la reactivación de redes científicas y la generación de incentivos para la innovación.
El financiamiento es otro punto sensible, especialmente para el sector privado. “Necesitamos una apertura a fuentes complementarias de cooperación internacional, filantropía e inversión de impacto”, planteó Ágreda, al señalar que las universidades privadas no acceden a recursos estatales ni a fondos internacionales.
El panorama que se dibuja es el de un sistema en transición. La matrícula crece, la cobertura se amplía y el sector privado gana peso, pero los desafíos son cada vez más complejos. Mejorar la calidad, acortar los tiempos de titulación, alinear la formación con el empleo y fortalecer la investigación serán claves para consolidar este crecimiento.
“Las decisiones que tomemos o dejemos de tomar hoy pueden hacer que retrocedamos o que avancemos hacia un futuro mejor”, concluyó Ágreda, dejando en claro que el debate sobre la educación superior en Bolivia ya no es solo cuantitativo, sino profundamente estratégico.