El 7 de febrero de 2024 marca un hito histórico en el calendario ecuatoriano, al menos para las personas con enfermedades terminales o extremas, porque ese día Ecuador despenalizó la eutanasia y autorizó el derecho “condicionado” a una muerte asistida.
La lucha de Paola Roldán, una ecuatoriana de 42 años, madre de un niño de cuatro años, diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde 2020 y activista por una vida y muerte digna, llegó a buen puerto, pese a posiciones encontradas entre grupos conservadores, iglesia y personas que abrazaron su causa.
“Hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno”, afirmó Roldán a medios de comunicación de su país, luego de conocer la decisión constitucional que “devuelve la esperanza a decenas de ciudadanos que buscan acceder a una muerte asistida digna”.
“Solo aquellos que hemos vivido en carne propia podemos considerar una decisión así. No es obligatoria, pero finalmente es una opción”, escribió recientemente en su cuenta de Twitter, a propósito de los cuestionamientos éticos, legales y morales que surgieron en su país luego de la sentencia que la favoreció.
¿Es la eutanasia un medio para lograr una muerte digna? En esencia, según Paola Panozo, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, la eutanasia no es sinónimo de muerte digna.
“Se entiende por eutanasia el acto en sí de producir la muerte en un paciente que padece sufrimiento físico o psicológico insoportable o se encuentra en estado terminal. Entre tanto, el morir con dignidad es el derecho que tienen todas las personas de decidir y manifestar su deseo de aceptar o rechazar procedimientos, ya sean médicos o quirúrgicos, cuando padece una enfermedad irreversible e incurable”, puntualiza la docente de Ética Médica.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Mundial (AMM), la eutanasia es “el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”.
En la misma línea, la Sociedad Médica de Santiago la define como “la muerte indolora infligida a una persona humana, consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves e incurables o por su condición de disminuido, sean estas dolencias congénitas o adquiridas, llevada a cabo de manera deliberada por el personal sanitario o al menos con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que prosiga una vida que, en tales condiciones, se valora como ya no digna de ser vivida”.
Dilema ético
Panozo manifiesta que, para la mayoría de sus colegas, la eutanasia podría ser tolerada sólo en casos excepcionales y trágicos, muy difíciles de evaluar, pero que, con seguridad, es una situación en la que nunca quisieran estar.
“Los pocos relatos publicados por un pequeño número de médicos que han practicado la eutanasia, los muestran llenos de dudas y zozobras, indecisos, casi paralizados, entre la aceptación intelectual de la eutanasia y la disyuntiva ética de poner fin a una vida humana. Dicen que la han pasado muy mal”, puntualiza la docente.
No obstante, según la médica, una de las acciones más difíciles en la práctica clínica actual es reconocer cuándo las intervenciones no podrán mejorar el cuadro clínico general del paciente, ya que, si bien la medicina actual tiene la capacidad de lograr una multitud de efectos, ninguno podría ser benéfico para el paciente, a menos que éste lo aprecie como tal.
“Por desgracia, en ocasiones, se olvida este asunto fundamental y el clínico se centra únicamente en mantener vivo al paciente a toda costa y se olvida muchas veces de los deseos y expectativas de éste. Si no se le pregunta al paciente si quiere que se le realicen los procedimientos, los médicos seguirán intentando más intervenciones desde la mirada obtusa de cada especialidad y el idealismo de salvar vidas”, especifica.
Sugiere que, para lograr una muerte digna de un paciente terminal, se debe retomar una herramienta efectiva y la más antigua de la medicina, que es hablar y comunicarse con los pacientes.
En tanto, la médico cubana Mabel Creagh Peña en su artículo “Dilema ético de la eutanasia”, asegura que “determinar si un hombre debe morir o no, por los siglos de los siglos encontrará oponentes y proponentes y de esta investigación se deriva que el hombre debe mirar a su alrededor, escuchar y preguntar el porqué de una decisión como ésta, buscar la mejor manera de aliviar al ser humano de sufrimientos y preocupaciones, ubicarse en su sistema, cultura y religión, entender que el lenguaje de la ética ha sido adoptado no solo por pacientes, familias, médicos, economistas, ministros, jueces y administrativos de la salud, independientemente de su corriente filosófica y su sistema social y entender que lo único verdaderamente importante es que el hombre, como ser racional, capaz de revolucionar constantemente la ciencia y la técnica y de transformar la naturaleza en beneficio de la especie, debe también, morir con dignidad”.
Eutanasia legal
Según Statista, una plataforma global de datos e inteligencia empresarial, los países que despenalizaron la muerte asistida para pacientes en circunstancias extremas, son Países Bajos (Holanda), Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suiza, Austria, Nueva Zelanda, España y los estados de Victoria y Western Australia (Australia).
En Estados Unidos, si bien la eutanasia activa sigue siendo ilegal, algunos de sus estados ya la legalizaron. Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México cuentan con legislación al respecto.
En América Latina, además de Ecuador, la eutanasia es legal en Colombia. En tanto, en Perú, se aplicó excepcionalmente en 2022 en una mujer que sufría una enfermedad incurable, pero sigue penalizada en su legislación.
En el caso de Bolivia, la eutanasia no está permitida ni autorizada. Las leyes no la entienden como muerte digna, sino como homicidio o asesinato.
Alberto Salamanca, director de la carrera de Derecho de Unifranz, afirma que “en la legislación boliviana no es un derecho, más al contrario es una falta penada con privación de libertad, porque además la Constitución Política del Estado privilegia, defiende y tiene como máximo valor a la vida y toda forma de vida (…)”.