Bolivia avanza hacia una ley pionera para regular la Inteligencia Artificial
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) plantea desafíos inéditos para los sistemas jurídicos y éticos en todo el mundo. En Bolivia, el Proyecto de Ley N° 178/2024-2025 “Promoción, Gestión y Uso de la Inteligencia Artificial” —en análisis por la Cámara de Diputados— se presenta como el primer intento integral de normar el desarrollo, la implementación y la supervisión de esta tecnología en el país.
“El principal reto jurídico está en establecer mecanismos robustos de control y cumplimiento para los sistemas de IA que puedan impactar derechos fundamentales, seguridad o empleo”, explica William Llanos, abogado especializado en derecho informático y docente de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).
De ser aprobado, el proyecto contempla un marco regulatorio que abarca a toda persona o empresa, pública o privada, que desarrolle o utilice IA en el país o cuyos sistemas generen efectos dentro del territorio boliviano. La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC) será la autoridad encargada de supervisar y sancionar el uso de la IA, además de elaborar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en un plazo de 180 días tras su promulgación.
Llanos sostiene que la iniciativa “busca una regulación equilibrada que permita fomentar la innovación local, pero al mismo tiempo proteger al consumidor y mitigar los riesgos éticos y sociales”. Este equilibrio se expresa en un sistema dual: promoción y restricción.
Por un lado, el texto promueve la innovación y el desarrollo como principios rectores, estableciendo incentivos fiscales y financieros para proyectos con impacto social y sostenible. También impulsa alianzas público-privadas y mecanismos de transferencia tecnológica hacia el sector productivo, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Por otro, impone límites estrictos: prohíbe el uso de IA para manipular o engañar deliberadamente a las personas, explotar vulnerabilidades por edad o discapacidad, crear sistemas de “puntuación social” o realizar reconocimiento facial masivo sin autorización judicial.
Además, toda persona tendrá derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en sistemas automatizados, así como a recibir información clara cuando un servicio emplee IA.
Entre los aspectos más destacados, Llanos enfatiza la necesidad de vigilancia postcomercialización:
“Los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo deben establecer y documentar un sistema de seguimiento que recopile y analice datos durante toda la vida útil del producto. Solo así se puede garantizar el cumplimiento permanente de los requisitos éticos y de seguridad”, señala el proyecto.
Este sistema permitirá detectar fallos o sesgos en los algoritmos y evaluar la interacción de una IA con otros sistemas inteligentes, un aspecto clave en la prevención de daños sistémicos. “Se requiere también una supervisión humana efectiva en todas las decisiones automatizadas que afecten derechos fundamentales”, añade Llanos.
Sin embargo, el especialista advierte sobre vacíos legales: la ley reconoce la necesidad de una futura Ley Especial de Protección de Datos Personales, que deberá aprobarse en un plazo de 180 días. “Sin esa norma, el marco para garantizar privacidad y transparencia será todavía incompleto”, subraya.
Riesgos de la IA y lucha contra la desinformación
Uno de los ejes del debate es el impacto de la IA en la generación y propagación de noticias falsas. La senadora Claudia Egüez Algarañaz, autora de la propuesta, sostuvo que la ley busca “garantizar y promover el buen uso de la IA con pleno respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”, además de sancionar el uso indebido que distorsione la información o manipule la opinión pública.
La desinformación impulsada por algoritmos y contenidos falsificados, como los deepfakes, se ha convertido en una amenaza global para la confianza social. Según la periodista Patricia Cusicanqui, editora de Bolivia Verifica, “en tiempos de crisis o elecciones, los rumores y contenidos manipulados encuentran terreno fértil”. La ley intenta responder a esta realidad prohibiendo el uso de IA para la creación de información engañosa con fines perjudiciales o discriminatorios.
Para Jannette Jacobs, directora de la carrera de Periodismo en Unifranz, la regulación debe ir acompañada de educación digital y ética:
“No basta con sancionar; es necesario formar a las personas y profesionales que interactúan con la IA. El periodismo, por ejemplo, necesita prepararse para detectar, explicar y contrarrestar la desinformación generada por estas tecnologías”, explica.
Hacia una soberanía tecnológica
Más allá del control, la iniciativa busca fortalecer la soberanía tecnológica boliviana, promoviendo la formación de talento humano y la cooperación internacional en investigación. También establece un régimen sancionatorio con multas de hasta diez salarios mínimos y la obligación de reparar los daños a las víctimas de usos indebidos de la IA.
El proyecto de ley representa “un paso decisivo hacia un marco ético y legal que equilibre innovación, derechos y seguridad”, expresa Llanos. Si se aprueba en su versión actual, Bolivia podría convertirse en uno de los primeros países de la región en contar con una normativa integral sobre inteligencia artificial.
“Regular la IA no significa detener el progreso, sino asegurar que avance al servicio del ser humano y no a su costa”, advierte Llanos.