Por Lily Zurita
En el ámbito de la democracia y la gobernanza, la justicia electoral juega un papel fundamental al asegurar elecciones libres, justas y transparentes. Sin embargo, la aplicación y administración de la justicia electoral presentan múltiples retos y desafíos, especialmente en países en desarrollo, como es el nuestro.
La justicia electoral es fundamental para el funcionamiento de la democracia, asegurando que los procesos electorales sean justos, transparentes y legítimos. Sin embargo, enfrenta numerosos desafíos que deben ser abordados para mejorar su eficacia.
La especialización de los administradores de justicia electoral, la independencia de los órganos electorales, la actualización de la normativa y la adopción de tecnologías avanzadas son algunos de los retos cruciales que deben ser superados. Además, la capacitación académica y la lucha contra la desinformación son esenciales para fortalecer la justicia electoral y garantizar que las elecciones reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo.
El tema fue abordado por Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Reynaldo Irigoyen, director jurídico también del TSE y Hugo Salamanca Kacic, especialista electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes participaron en el conversatorio académico “Retos y desafíos de la justicia electoral”, organizado por la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.
Retos y desafíos de la justicia electoral
Arteaga identifica varios retos clave en la justicia electoral. Primero, menciona la falta de especialización de quienes administran justicia electoral, argumentando que la naturaleza judicial de estos órganos requiere una formación académica específica. En segundo lugar, destaca la necesidad de fortalecer la independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para evitar interferencias de otros órganos del Estado que puedan comprometer la imparcialidad y credibilidad de sus decisiones.
“Recientemente hemos visto cómo otros órganos del Estado e instancias judiciales han afectado nuestras decisiones (del TSE), vulnerando nuestra independencia y nuestras propias decisiones. Creo que este reto y desafío también es importante considerarlo porque al afectar la independencia se afecta la credibilidad de la institución (…)”, señala el experto.
Adicionalmente, indica que la tecnología es un área en evolución dentro del OEP, y que es crucial mejorar los instrumentos tecnológicos para administrar la justicia electoral de manera eficiente.
Por su parte, Irigoyen también aborda varios desafíos, comenzando con la necesidad de actualizar la normativa electoral para clarificar las competencias del OEP y otros órganos, evitando conflictos de competencia.
Sugiere una reestructuración del OEP, dividiéndolo en una sala administrativa encargada de la logística electoral y una sala jurisdiccional dedicada a la resolución de problemas legales. Esta división permitiría una gestión más eficiente y especializada.
“Hay que repensar la composición al interior del OEP, como sucede en muchos países, sugiero dividir en una Sala Administrativa que solo se dedique a la logística electoral y en una Sala Jurisdiccional que se dedique a la resolución de problemas”, puntualiza.
Otro reto importante que menciona es la necesidad de fortalecer la capacitación académica en derecho electoral, promoviendo la formación de profesionales especializados en esta área.
En tanto, Salamanca Kacic coincide en la importancia de la especialización, señalando que las universidades deben incluir en sus currículas el derecho electoral y la justicia electoral. Además, destaca la necesidad de separar las funciones de toma de decisiones políticas de las técnicas dentro de las instituciones electorales.
Sin retos no hay mejoras, indica el experto internacional. “No podemos ser todólogos. Es importante que las universidades comiencen a ingresar en sus currículas no solamente el derecho electoral sino el tema de la justicia electoral y cómo podemos ir trabajando este tema con cursos de postgrado, por ejemplo”
También subraya la importancia de combatir la desinformación y las noticias falsas, así como de adoptar tecnologías avanzadas sin comprometer la integridad de los datos y procesos electorales.
Definiendo la justicia electoral
Respecto a la definición de justicia electoral, Arteaga destaca la complejidad de definir la justicia electoral en Bolivia, señalando que ésta abarca procedimientos y normas relacionados con la administración electoral y la garantía de derechos políticos. Subraya la necesidad de que las elecciones sean libres y justas, enmarcadas en la Constitución y la ley.
“Podríamos señalar que son aquellos procedimientos, normas que tienen que ver con la administración electoral, con la garantía de los derechos políticos, con la garantía de que haya elecciones libres y justas y que estén dentro del marco de lo constitucional y legal”, puntualiza.
En términos más amplios, Irigoyen asocia la justicia electoral con la resolución de disputas electorales, abarcando el control procesal para garantizar la regularidad y legalidad de los actos electorales.
Parafraseando a José de Jesús Orozco, dice que la “justicia electoral es o son los diversos medios jurídicos procesales de control para garantizar la regularidad de los actos y procedimientos electorales para que estos últimos se ajusten a lo previsto en la Constitución, la ley, los instrumentos o tratados internacionales y demás normativa aplicable, así como para proteger o restaurar el goce del derecho político electoral violado”.
Según el experto, la justicia electoral, por tanto, administrada por órganos competentes, tiene esa potestad de definir quién sí puede ser elegido y quién no puede ser elegido.
Irigoyen también menciona la importancia de la justicia electoral en el reconocimiento de organizaciones políticas, la elegibilidad de candidatos y la legitimidad de los resultados electorales.
Finalmente, Salamanca Kacic amplía el concepto señalando que la justicia electoral es un derecho humano esencial que protege los derechos de votantes y candidatos. Resalta que la justicia electoral implica todos los mecanismos y procedimientos que aseguran que los procesos electorales se ajusten a la ley, protegiendo y restaurando los derechos electorales violados.
“Si hablamos de conceptualizar lo que es la justicia electoral podemos decir que trata de todos los medios y mecanismos que existen en cada país, en cada comunidad, y en cada región, sea esta nacional o internacional, para asegurar que cada acción, procedimiento o decisión relacionada con el proceso electoral esté al mando de la ley. Adicionalmente, protege y restaura los derechos electorales, de todas aquellas personas que creen que sus derechos electorales han sido violados o vulnerados (…)”, señala.
Durante su alocución en el conversatorio académico, Salamanca dio un dato bastante anecdótico pues este año 75 países del mundo, y alrededor de 2.000 millones de personas, tendrán elecciones. Es decir, “éste es el super año de las elecciones”.