Por Manuel Filomeno
Plataformas informáticas, audiencias virtuales, notificaciones en redes sociales y hasta el uso de la Inteligencia Artificial (IA) han irrumpido en los últimos años en el ámbito legal, impulsando con ellas, aunque con cierta resistencia, la transición hacia la ciudadanía digital en Bolivia.
El uso de la tecnología en el derecho o LegalTech, no es un fenómeno nuevo, aunque ganó atracción durante la pandemia del Covid-19, en 2020. El término, viene de la unión de las palabras en inglés legal y technology. Está relacionado con todos los desarrollos tecnológicos creados para facilitar la prestación de servicios legales.
“Es decir, en la interacción de lo legal, hace bastante tiempo y a partir del Derecho Informático, hemos empezado en Bolivia, con la generación de distintos programas o softwares que nos sirven para la gestión jurídica y judicial. Por ejemplo, tenemos lo que es ciudadanía digital, que permite a los abogados estar en contacto a través de plataformas digitales con las autoridades judiciales, Ministerio Público, juzgados, pero también con Impuestos, SEPREC, en el caso empresarial, o la Gestora Pública, en el caso de la seguridad a largo plazo”, señala el director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Alberto Salamanca.
El abogado indica que, desde hace algunos años, en Bolivia se aplica una gestión híbrida, por un lado, implementando las nuevas herramientas tecnológicas disponibles y por otro, realizando muchas de las tareas de manera tradicional.
Por ejemplo, muchas tareas se pueden realizar a través de aplicaciones, plataformas, a distancia; además es posible gestionar el asesoramiento y la atención de casos y procesos, también a distancia, con la aplicación de distintos programas informáticos.
Sin embargo, el sistema judicial en el país aún conserva prácticas tradicionales de antaño, con expedientes de varios cuerpos apilados sobre precarios estantes cuya revisión para los litigantes se vuelve en una misión casi imposible. Así como para varios oficios, la pandemia, ha marcado un antes y un después para la justicia boliviana.
“Ha ayudado en acelerar el proceso y entender que tenemos que utilizar estas herramientas tecnológicas para facilitar la gestión de los procesos, no para facilitar los procesos, sino su gestión”, puntualiza el jurista.
A pesar de las trabas, Salamanca afirma que el cambio es imparable, como ejemplo, en 2024, China tiene previsto lanzar al mercado mundial una gran cantidad de robots para cumplir actividades que actualmente las realizan los seres humanos. Se prevé, también, que en 2025 estos robots entren a gestionar actividades laborales específicas.
“Uno de los campos en que China está trabajando con bastante disrupción es el jurídico para evitar la corrupción. Incluso hubo escándalo cuando se invitó a un abogado robot para que pueda circunscribirse al tema legal y llegar incluso a dar sentencia en torno a un caso”, comenta el académico.
A su vez, la irrupción de la IA también tendrá un impacto en la labor de los abogados y la manera en la que la ciudadanía accede al sistema judicial y a la ciudadanía digital.
Automatización, análisis de datos al instante, mejoras en el acceso y hasta la predicción de resultados son algunas de las ventajas que la IA trae al Derecho.
“Por ejemplo, una de las áreas más impactadas será la investigación legal, donde la IA puede analizar grandes volúmenes de datos legales en tiempos breves, identificar patrones y proporcionar análisis predictivos. Esto permitirá a los abogados acceder a información legal de manera más eficiente y tomar decisiones informadas basadas en datos”, expresa William Llanos, docente de la carrera de Derecho de Unifranz.
Como ejemplo de esto, en pasadas semanas, se conoció que un concejal en Brasil utilizó la IA para redactar una ordenanza municipal, la cual fue aprobada sin modificaciones por la Asamblea Legislativa de su municipio.
El legislador señaló que utilizó una instrucción de 49 palabras que, introducidas en el chat de la herramienta, dieron como resultado el borrador de la normativa, con justificaciones incluidas.
Además, actividades como la revisión de documentos, la redacción de contratos y la preparación de casos podrán ser realizadas de manera más rápida y precisa por algoritmos, liberando tiempo para que los abogados se centren en tareas más estratégicas y creativas.
Ciudadanía digital y gobierno electrónico
La LegalTech también ha permitido levantar, poco a poco, el peso de la burocracia de los hombros de los ciudadanos, ofreciendo soluciones digitales a algunos de sus trámites.
“El Gobierno Electrónico es un enfoque de gestión, el cual no es exclusivo de las entidades gubernamentales ya que puede ser aplicado en todo tipo de instituciones como las universidades y esto involucra principalmente que los procesos fundamentales de la entidad aprovechen los recursos tecnológicos existentes no solamente en términos de infraestructuras, redes de datos, servidores, sino también en términos de aplicaciones, desde las aplicaciones como bases de datos hasta aplicaciones para sistematizar procesos, de modo que éstos puedan hacer más eficientes los servicios que se brindan a sus usuarios”, explica Roberto Zambrana, miembro del capítulo boliviano de la Internet Society (ISOC) y exdirector de Gobierno Electrónico y Modernización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).
Esto involucra simplificar e integrar los procesos tanto internos como externos de manera digital, con el objetivo inicial de agilizar los trámites internos y como consecuencia mejorar la calidad del servicio hacia los usuarios externos.
“La aplicación de estos modelos permite que el usuario de los servicios pueda acceder a éstos desde su hogar o desde cualquier lugar en cualquier horario, sin la intervención de un humano”, agrega.
Sin embargo, aún es necesario avanzar en ese sentido y la LegalTech es la mejor arma para lograr un cambio de actitud y mentalidad entre las generaciones mayores.
“Estamos frente a un choque de generaciones, una generación que es nativa digital, que no concibe un cuaderno de investigaciones en fojas, sino que concibe la nube o el drive y otra que no concibe lo contrario”, manifiesta el jurista.
En ese marco, el abogado expresa que el gran reto es avanzar en la alfabetización digital.
La alfabetización digital se entiende como la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital, es decir como una nueva forma de comunicación y de creación y comprensión de la información.
“Esta generación tiene sus cualidades, pero también algunas desventajas. Entre las cualidades es que están mucho más despiertos a la tecnología, pero como muchos de sus formadores todavía utilizan modelos tradicionales, se ven en la necesidad de combinar ambos modelos”, puntualiza, por su lado, Salamanca.
En tanto, Zambrana señala que, a pesar de existir avances en la implementación del Gobierno Electrónico en el país, aún falta mucho camino por recorrer, especialmente en el tema de interconexión.
“Desde 2018 se han presentado avances, pero también tropiezos, los cuales están relacionados en la manera en la que los sistemas, primero, de una misma entidad no están interconectados y menos aún entre entidades del mismo Estado, cuando esto debería ser transversal. Las entidades estatales deberían compartir la información para que no tengan que estar creando cada una de ellas su propia base de datos”, puntualiza el experto.