La reciente firma del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo en la Unión Europea marca un cambio significativo en la política migratoria del bloque, generando expectativas y debates sobre su impacto económico.
Este acuerdo, firmado en Bruselas el 20 de diciembre de 2023, surge como un intento de abordaje de la gestión de flujos migratorios, donde destaca enfoque en condiciones más rigurosas para el acceso de los migrantes a la Unión Europea, especialmente aquellos provenientes de países como Bolivia, con atención particular a factores como el arraigo laboral, familiar y social en lugar de priorizar el estatus de refugiado o asilo.
El director de la carrera de Ingeniería Económica y Financiera de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Kadir Lanza, asegura que este cambio de paradigma implica modificaciones en cinco reglamentos que abarcan todas las fases de la gestión de asilos y migración: control de inmigrantes irregulares, la toma de datos biométricos, los procedimientos de presentación y tramitación de solicitudes de asilo, las normas para determinar la responsabilidad de un Estado miembro en la tramitación de solicitudes de asilo, y la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros para gestionar crisis migratorias.
“A pesar de los potenciales beneficios en términos de control de flujos y fronteras, la implementación del pacto enfrenta desafíos logísticos, políticos y financieros a nivel nacional e internacional. Existe una focalización en la contención de la llegada de migrantes y refugiados, con acuerdos con terceros países cuyos estándares de respeto a los derechos humanos son controversiales. La resistencia puede provenir de los Estados miembros, complicando la coordinación efectiva entre todos los países europeos, especialmente en un contexto de crecimiento de tendencias políticas populistas y fundamentalistas”, indica el académico.
Desde el punto de vista económico, la migración adquiere relevancia en la actualidad, aunque está condicionado por factores como la cantidad de migrantes, sus habilidades, cultura y las políticas laborales del país de destino.
En consonancia, la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incorpora metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando la importancia de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro, así como facilitar la migración ordenada y responsable, estableciendo políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
¿Cómo afecta la migración a la economía?
En términos generales, la migración ejerce un impacto positivo en la economía, estableciendo una conexión entre la prosperidad contemporánea e inmigración histórica, especialmente evidente al examinar la historia económica de países desarrollados como Estados Unidos.
Lanza puntualiza que, la migración, tanto a corto como a largo plazo, ha demostrado generar beneficios significativos en los países de destino, impulsando la industrialización, aumentando la productividad agrícola, elevando los niveles educativos, fomentando la innovación y fortaleciendo la competitividad económica.
“La mano de obra migrante no sólo llena vacantes en sectores con escasez de trabajadores, sino que también dinamiza la demanda de bienes y servicios, y afecta los salarios en ciertos sectores; pero, asimismo, los emprendedores migrantes también se constituyen en contribuyentes de la creación de nuevas empresas, empleos y aportan riqueza cultural, actuando como enlaces entre países de origen y destino”.
Para los países de origen, la migración representa empleo y remesas, constituyendo una de las principales fuentes de sustento para las familias y comunidades de origen.
Lanza explica que la diversificación de fuentes de ingreso y la reducción del riesgo económico son motivaciones fundamentales para emigrar, generando un impacto positivo en el Producto Nacional Bruto o el ingreso per cápita de los países de origen.
A pesar de estos beneficios, el debate sobre los efectos de la migración es controvertido debido a sus múltiples dimensiones y las percepciones divergentes que genera.
Una gestión deficiente de la migración puede agravar tensiones en el mercado laboral del país de destino, afectando negativamente a los trabajadores más vulnerables, especialmente en empleos no calificados. Asimismo, la migración puede ejercer presión sobre los servicios públicos, como educación, atención médica e infraestructura, generando reacciones adversas en parte de la población de los países de destino.
Las preocupaciones legítimas de la población de destino, como la diversidad cultural o religiosa y los posibles impactos en empleos y seguridad, deben ser abordadas. Sin embargo, es fundamental que legisladores y ciudadanos reconozcan los efectos económicos positivos a largo plazo de la inmigración, los cuales superan las desventajas a corto plazo.
En el contexto de las crisis migratorias derivadas de tensiones geopolíticas, ambientales y tecnológicas, la migración se convierte en un tema económico crucial.
La persistencia de brechas económicas entre los Estados nación motiva la migración por razones económicas, subrayando la necesidad de políticas integrales de desarrollo sostenible destinadas a mejorar la calidad de vida de los migrantes en sus países de origen. Además, el futuro del trabajo, impulsado por la inteligencia artificial, impactará la migración internacional en el corto y mediano plazo, planteando nuevos desafíos y oportunidades.
¿Cómo podría afectar a los bolivianos este acuerdo?
Este nuevo panorama probablemente impondrá condiciones más rigurosas para el acceso de los emigrantes bolivianos a la Unión Europea, especialmente a destinos como España e Italia, entre otros, a pesar de que se focaliza en factores como arraigo laboral, familiar y social en lugar de priorizar el estatus de refugiados o asilo en los últimos años.
En este contexto, se vislumbran posibles escenarios donde algunos migrantes logran una plena integración en la sociedad receptora, disfrutando plenamente de sus derechos. Sin embargo, también es plausible anticipar situaciones más desafiantes, marcadas por restricciones significativas en las oportunidades de ingreso y empleo, particularmente debido a la coyuntura económica desfavorable que atraviesa Bolivia, que se caracteriza por una época de “vacas flacas» y estancamiento económico.
La aplicación de restricciones más estrictas en el acceso de los emigrantes bolivianos a la Unión Europea puede generar desafíos adicionales, especialmente en un contexto económico nacional poco favorable.
Según Lanza, es clave destacar la importancia de reconocer que los efectos económicos positivos a largo plazo de la inmigración superan con creces las posibles desventajas menores a corto plazo. Además, sería altamente deseable implementar un modelo de seguridad humana como política pública, orientado hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la primacía de los derechos humanos.
No obstante, es relevante dirigir la atención hacia la necesidad de desarrollar políticas nacionales en los países de origen que apunten a mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus poblaciones locales, en el marco de una economía de mercado.
Estas políticas deben fomentar principalmente una transformación productiva destinada a reducir la dependencia de las remesas, disminuir las marcadas disparidades de participación laboral entre hombres y mujeres, y propiciar el desarrollo del capital humano mediante programas de capacitación y certificación de competencias laborales.
Este enfoque no solo contribuiría significativamente a mitigar los desequilibrios geopolíticos y económicos, sino que también aportaría a la seguridad global, sustentada en principios de libertad y democracia.
“La implementación de medidas específicas en los países de origen, orientadas hacia el fortalecimiento de sus estructuras económicas y sociales, se presenta como un componente esencial para lograr una migración más sostenible y beneficiosa para todas las partes involucradas”, manifiesta el académico.
¿Aumento del sufrimiento?
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la firma del Pacto, argumentando que éste incorpora elementos que generan inquietud en cuanto al respeto de los derechos humanos, ante los controles más rigurosos, devoluciones colectivas, suspensión del derecho de asilo, detenciones arbitrarias, trato discriminatorio hacia solicitantes de asilo, y un aumento en la criminalización de actividades de salvamento y rescate llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil.
En contraste, la Organización de Naciones Unidas (ONU) destaca que el nuevo acuerdo representa una innovación y unificación para abordar las solicitudes de asilo de manera eficaz y sostenible.
Desde una perspectiva global, la persistencia de conflictos armados y la prevalencia de intereses nacionales a veces obstaculizan la aceptación de un nuevo modelo de seguridad humana.
“Este complejo escenario geopolítico, permeado por tensiones y presiones políticas, complica el diseño de políticas migratorias más abiertas y humanitarias”, finaliza Lanza.