Años sin sentencia: la detención preventiva y sus retos en Bolivia
En Bolivia, la detención preventiva —concebida originalmente como una medida cautelar excepcional— se ha transformado en un tema de debate permanente dentro del sistema judicial. En varios casos, las personas permanecen largos periodos sin sentencia, situación que impacta tanto en su vida personal como en la de sus familias y comunidades.
Según datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) correspondientes al 2024, el hacinamiento carcelario llega al 105 % -más del doble de la capacidad carcelaria.
Además, el total de detenidos preventivos es del 58,71% -teniendo menos de la mitad de los internos una sentencia ejecutoriada.
Actualmente, la población penitenciaria alcanza las 32 mil personas. A diciembre de 2023, la capacidad de la infraestructura penitenciaria era de 10.526 personas, aunque, según datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, el nivel de hacinamiento bajó en casi cuatro puntos en 2024.
También afirma que la detención preventiva afecta desproporcionalmente a las mujeres en Bolivia, con un porcentaje que llega al 62,4%.
Causas estructurales y coyunturales
Ever Aquino, abogado, ex fiscal y docente de la carrera de Derecho en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz El Alto, identifica varios factores que explican la persistente retardación de justicia en Bolivia. Entre los estructurales, destaca deficiencias en infraestructura judicial y penitenciaria, la falta de recursos humanos especializados, la ausencia de mecanismos eficientes de gestión procesal y la debilidad institucional del Órgano Judicial. La falta de coordinación entre las distintas instituciones del sistema penal también agrava la situación.
A esto se suman factores coyunturales, como el uso excesivo de la detención preventiva, la dilación procesal por deficiencias en la investigación fiscal y la sobrecarga laboral de jueces y fiscales. A ello se añaden la escasez de defensores públicos y las limitaciones económicas que reducen la inversión en justicia.
Consecuencias humanas y sociales
“Las personas en detención preventiva prolongada sufren la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, deterioro de su salud física y mental, desarraigo familiar y social, pérdida de oportunidades laborales y educativas, y estigmatización”, explica Aquino.
A nivel social, la detención preventiva contribuye a la desintegración familiar, el aumento de la pobreza, la pérdida de confianza en el sistema judicial y la reproducción de ciclos de violencia y criminalidad. “El impacto va más allá de los individuos; afecta a toda la comunidad”, agrega.
Para enfrentar la crisis del hacinamiento, el especialista propone medidas concretas, como la implementación efectiva de alternativas a la detención preventiva, aplicación del principio de excepcionalidad, agilización de procesos mediante oralidad y tecnología, creación de salas especializadas para revisión de medidas cautelares, ampliación de infraestructura penitenciaria y programas de reinserción social.
A inicios de la semana, una histórica instrucción emanó desde el Tribunal Supremo de Justicia para la revisión de todos los casos de detención preventiva a nivel nacional. El profesional percibe que es un paso en la dirección correcta.
Aquino añade que los cambios deben ser estructurales e incluir reformas normativas, institucionales y de gestión. Entre ellas menciona la modificación del Código de Procedimiento Penal, el fortalecimiento de la carrera judicial, la digitalización de expedientes, la creación de un sistema de información judicial integrado y el establecimiento de metas de desempeño.
Profesionales capaces de transformar la justicia
Más allá de las reformas, la academia cumple un papel central. Aquino, quien actualmente dicta docencia en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz El Alto, señala que la formación de futuros abogados debe enfatizar la ética profesional, el conocimiento procesal sólido, habilidades prácticas como litigación y mediación, sensibilidad social y compromiso institucional.
En Unifranz, la formación en Derecho Penal combina la teoría con la práctica constante. Los estudiantes adquieren una base sólida en normativa y jurisprudencia, pero, al mismo tiempo, aprenden a aplicar ese conocimiento en contextos reales que los preparan para los retos del sistema judicial.
La carrera cuenta con espacios como la Sala de Audiencias y la Cámara Gesell, que permiten simular juicios, audiencias y procesos de investigación. Estas experiencias forman abogados capaces de litigar, mediar y analizar casos con una visión crítica, ética y comprometida con la sociedad.
“La formación debe enfatizar que el perfil del abogado tiene una responsabilidad social en la construcción de un sistema de justicia más humano y eficiente, donde la defensa técnica efectiva sea un instrumento real de protección de derechos fundamentales”, puntualiza el hombre de leyes.
El desafío de la detención preventiva en Bolivia exige respuestas integrales. Soluciones inmediatas y reformas de fondo, junto con profesionales capacitados y comprometidos, pueden cambiar la realidad de miles de ciudadanos que hoy viven en un limbo judicial. La unión de la academia, la política pública y la sociedad civil es esencial para garantizar que la justicia no solo sea rápida, sino también justa y equitativa.