La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida. En Bolivia, existen procedimientos legales y recursos disponibles para denunciar y abordar casos de violencia contra este grupo vulnerable. Ante un caso de violencia, es preciso que la víctima, en compañía de familiares o tutores, acuda a las instancias correspondientes para dar a conocer la situación y recibir la respectiva asistencia.
Ruth Torres Arévalo, abogada y docente de Derecho en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), resalta la importancia de tratar los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, enfatizando que son especialmente sensibles debido a su vulnerabilidad.
«Este grupo de la población tiene el derecho a ser escuchado activamente. Tenemos que darles la apertura, escucharlos y saber qué es lo que les ha pasado», sostiene Torres.
Ante un caso de violencia contra este grupo vulnerable, la acción inmediata es crucial. Es esencial garantizar su seguridad inmediata. Torres explica los pasos a seguir para promover la asistencia del niño, niña o adolescente:
«Lo primero que se debe hacer es acudir a una clínica, al IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) o a alguna institución forense donde se pueda realizar un análisis y revisión médica del niño, niña o adolescente que haya sufrido violencia o algún tipo de abuso. A través de esa valoración, se podrá determinar el grado del daño causado», explica Torres.
Magaly Mariaca, experta forense y docente de Medicina Legal en Unifranz, resalta que la violencia tiene una escalada, pues se registran casos que van desde el maltrato psicológico y agresiones físicas hasta la pérdida de una vida.
«Cuando hablamos de niños vivos, sobrevivientes de malos tratos, debemos ver qué tipo de lesiones tienen. Serán lesiones sexuales, maltratos físicos o, tal vez, lesiones psicológicas. Aquí debe actuar un equipo multidisciplinario», explica Mariaca.
La valoración forense se realiza para obtener los resultados del momento, la forma y el grado de violencia. Además, ayuda a esclarecer el hecho mediante pruebas objetivas aportadas por el equipo multidisciplinario.
«Después, se debe acudir a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que, conforme a nuestro Código Niña, Niño y Adolescente, es la institución encargada por ley para ayudar a los niños, niñas y adolescentes a hacer el seguimiento de las denuncias», enfatiza la abogada y docente universitaria.
Esta institución ofrece servicios psicosociales y jurídicos especializados, integrando operativamente los servicios municipales en cada departamento de Bolivia para la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con un equipo interdisciplinario en áreas social, psicológica y legal, atiende, a través de la Plataforma de Atención Integral de la Familia, más de 59 tipos de violencia, incluyendo violencia familiar, asistencia familiar y conflictos de guarda.
«Posteriormente, se designa el caso a un equipo multidisciplinario de la defensoría, que debe elaborar un informe psicológico preliminar y un informe social. Con toda esa documentación, se hace la denuncia, ya sea verbal o escrita, ante la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) o ante el Ministerio Público, donde inicia la investigación penal», explica Torres.
La norma que protege y regula los derechos de la niñez y adolescencia en Bolivia es el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548). En los artículos 145 a 157, se establece que debe respetarse el derecho a la integridad personal y protección contra la violencia de niños, niñas y adolescentes.
De igual manera, el artículo 153 de la misma norma legal tipifica las nueve infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, como castigos físicos, falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o cuidado de la salud, o la utilización como objeto de presión o chantaje en conflictos familiares, entre otros. Torres deja claro que las infracciones deben ser conocidas por un Juez Público en materia de niñez y adolescencia.
Denunciar y abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad que requiere acción y coordinación. Al seguir estos pasos, se contribuye a la protección y bienestar de los menores, garantizando su derecho a una vida segura y digna.
