100 años de la Ley de Imprenta: retos y aciertos de un pilar de la libertad de expresión
La Ley de Imprenta de Bolivia, promulgada el 19 de enero de 1925 durante el presidente Bautista Saavedra y una de las normativas más antiguas de Sudamérica, celebra su centenario este 19 de enero en un contexto que pone a prueba su vigencia y relevancia frente a los desafíos tecnológicos y sociales actuales.
Esta ley no solo regula el ejercicio del periodismo, sino que también se erige como un baluarte de la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, enfrenta algunos cuestionamientos sobre su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos.
“Sin libertad de expresión, la democracia sería una utopía, una mentira”, asegura Pedro Glasinovic, Premio Nacional de Periodismo 2024, quien recalca que esta ley garantiza a todos los bolivianos ejercer su derecho de emitir sus pensamientos por cualquier medio de comunicación o difusión, tal como establece el artículo primero de la norma.
En la misma línea, el director de El Deber y, también, director de la carrera de Periodismo de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, Pedro Rivero, señala que la Ley de Imprenta se ha constituido en una prenda de garantía para el trabajo de los periodistas que tienen como norte, la búsqueda de la verdad y el servicio a su comunidad.
“Esta Ley de Imprenta es también un freno para las tentaciones autoritarias y dictatoriales de los empoderados de turno que tratan de imponer una verdad única o pensamiento único como absolutos, de ahí la importancia de esta centenaria ley (…)”, indica.
Para Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Ley de Imprenta protege esencialmente el derecho a la libertad de opinión y expresión, derechos inalienables de la ciudadanía que, a su vez, son fundamentales para salvaguardar los principios básicos del ejercicio periodístico.
«Es importante porque si tenemos claridad sobre las reglas, también podemos evaluar nuestro propio trabajo y cumplir de mejor manera nuestro servicio a la ciudadanía, en el derecho a estar bien informada», afirma.
La normativa protege derechos esenciales como el secreto de fuente, un elemento clave para la investigación periodística y la fiscalización de los poderes del Estado.
Luces y sombras de un legado centenario
A pesar de su fortaleza como instrumento legal, la Ley de Imprenta enfrenta desafíos relacionados con su implementación.
Según Alanes, muchas instancias encargadas de garantizar su aplicación no han cumplido con su deber.
«Los concejos municipales, que deben actualizar la representación en los tribunales de imprenta, no han asumido esta responsabilidad, y las autoridades judiciales a menudo vulneran la normativa», explica.
Glasinovic, por su parte, añade que, aunque la ley prohíbe la clausura de medios y garantiza la ausencia de censura previa, también impone sanciones severas a los periodistas declarados culpables por un tribunal, incluyendo disculpas públicas y sanciones económicas que pueden conducir al encarcelamiento en caso de incumplimiento.
¿Debe actualizarse la Ley de Imprenta?
El director de El Deber reconoce que la Ley de Imprenta necesita modernizarse, pero sin perder su esencia. «Con la disrupción de las tecnologías, es necesario adaptarla a las nuevas formas de comunicación, pero siempre respetando su esencia centenaria, que es un freno a las tentaciones autoritarias».
Insiste en que cualquier actualización debe ser liderada por académicos, colegios profesionales y periodistas, con el fin de mantener el equilibrio entre modernización y preservación de los derechos fundamentales.
Por su parte, Alanes advierte sobre los riesgos de modificar la ley sin un análisis profundo. Propone que los ajustes se enfoquen en aspectos procedimentales y que se realicen a través de un reglamento.
«Nos preocupa que quienes plantean la idea de modernizarla pretendan coartar libertades como el secreto de fuente, la prohibición de la censura previa o la garantía de no cerrar medios», enfatiza.
Un patrimonio jurídico para proteger
La declaratoria de la Ley de Imprenta como «Patrimonio Jurídico-Legal del Periodismo Nacional», realizada en Huatajata en 1998, reafirma su relevancia histórica y la necesidad de defenderla.
Glasinovic destaca que esta resolución surgió tras un amplio debate entre periodistas y expertos, quienes concluyeron que la ley «es buena y debe ser preservada porque garantiza el derecho del pueblo boliviano a la libertad de expresión».
Celebración de su centenario
En el marco de los 100 años de la Ley de Imprenta, la ANPB y las asociaciones de periodistas en cada departamento organizaron actividades conmemorativas en Sucre, capital del Estado, que incluyen una feria cultural por la libertad de expresión el domingo 19 y un acto protocolar en la Casa de la Libertad y el seminario internacional “Periodismo, derechos y democracia”, en el paraninfo de la Universidad San Francisco Xavier, este lunes 20.
«Vamos a reflexionar sobre los alcances de la Ley de Imprenta, su importancia en el contexto internacional y los desafíos para los periodistas y la ciudadanía», detalla Alanes.
El centenario de esta normativa invita a repensar su vigencia y adaptabilidad en una era marcada por la tecnología y las nuevas dinámicas de comunicación. Más que un simple marco legal, la Ley de Imprenta es un recordatorio de que la libertad de expresión es un derecho que debe protegerse y fortalecerse para garantizar una democracia plena.