Por Fabio Illanes
El avance en cuanto al acceso al sistema judicial para la mujer, ya sea como funcionarias o usuarias, ha tenido un marcado progreso en América Latina, pero las falencias estructurales subsisten. La Fiscal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, reconoce que “existe un elevado nivel de participación de las mujeres, sobre todo en la base de servidores públicos; en cambio, en los niveles jerárquicos y de decisión máxima, existen espacios que están siendo copados por los varones”.
Un estudio elaborado por el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos, de la Universidad Austral de Chile, muestra que la composición (hasta 2023) de los cargos en las altas cortes de Bolivia es la siguiente: i) Tribunal Supremo de Justicia: nueve magistraturas, de las cuales ocho (89%) son asumidas por hombres y una (11%) por una mujer; ii) Consejo de la Magistratura: tres consejerías, de las cuales dos (67%) son asumidas por hombres y una (33%) por una mujer; iii) Tribunal Agroambiental: cinco magistraturas, de las cuales tres (60%) son asumidas por mujeres y dos (40%) por hombres; iv) Tribunal Constitucional Plurinacional: nueve magistraturas, de las cuales cinco (56%) son asumidas por hombres y cuatro (44%) por mujeres. En cuanto al cargo de Fiscal General del Estado, hasta la fecha no se ha registrado la designación de una mujer para este puesto.
El sistema judicial demanda profesionales idóneos
Si bien se habla de barreras institucionales e incluso culturales que frenan una verdadera paridad en cargos jerárquicos, González considera que dentro de la educación puede hallarse el factor diferenciador para alcanzar este fin. El perfil profesional que se requiere para este tipo de cargos jerárquicos debería ser el de un jurista altamente preparado, pero que también cuente con una visión integral de los problemas.
“Las mujeres tenemos la obligación (…) de propiciar los escenarios para un real acceso a la justicia de quienes están viviendo en violencia, desarrollando una conducta empática con las víctimas para la protección y restitución de sus derechos, en pos de una vida libre en pleno ejercicio de sus derechos y capacidades”, afirma González.
En la actualidad, la Fiscalía cumple un rol de liderazgo y es articulador de un trabajo coordinado con diferentes instituciones como la Policía, el SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales) y Defensorías, que constituyen la denominada “Ruta de actuación interinstitucional para atención a víctimas en razón de género”, que incluye acciones como la denuncia, investigación y posterior juzgamiento de los casos.
La formación a través de proyectos innovadores
Un sistema formativo integral permite a los nuevos profesionales de las leyes aspirar a cargos jerárquicos, no sólo por un tema de paridad de género, sino “juristas que tengan la idoneidad y capacidad para llegar a estos espacios y ser autoridades que puedan realizar cambios profundos”, sostiene González. Este perfil de juristas de alto nivel demanda una formación integral desde el ámbito normativo.
Desde la academia, ya han surgido respuestas puntuales a estas necesidades. La Universidad Franz Tamayo, Unifranz, implementa modelos de formación a partir de proyectos reales que integran distintas áreas del conocimiento, que van desde las tecnológicas hasta las de carácter social, una práctica que eleva las capacidades operativas de los profesionales y acelera la generación de experiencia en trabajos multidisciplinarios que antes se construían durante años de trayectoria profesional.
Un ejemplo destacado es el proyecto Munayki, ganador del UniHackz 2023, desarrollado por un grupo multidisciplinario de estudiantes de Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología, para dar respuesta al tema de violencia de género. Dicha aplicación será puesta en operación en los siguientes días por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.
Si bien se han logrado avances significativos en el acceso de las mujeres al sistema judicial, persisten desafíos estructurales que requieren atención y acción continua. La promoción de la educación integral y la implementación de proyectos innovadores en la formación jurídica son pasos fundamentales para garantizar la inclusión de mujeres en cargos jerárquicos y la construcción de una justicia más equitativa y sensible a las necesidades de toda la sociedad.
Sólo a través de un compromiso colectivo y una verdadera voluntad de cambio se podrá alcanzar una justicia que refleje la diversidad y la igualdad de género.