La implementación de la tecnología, en casi todas las esferas de la sociedad, ha traído consigo múltiples beneficios y ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, sin embargo, al ser infinitas las posibilidades que esta ofrece, su regulación y control son imprescindibles para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los usuarios, una tarea en la que, desde hace varios años, se trabaja desde el Derecho a nivel global.
“La humanidad avanza a pasos agigantados con las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos; la ciencia que progresa a diario nos obliga a adelantarnos, a adecuarnos y a superar su velocidad impresionante para trabajar en su regulación, las nuevas tecnologías deben ser reguladas”, afirma Joaquín Vásquez, director de Derecho en UNIFRANZ El Alto.
Una de las herramientas más utilizadas a nivel global, el internet, reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 2016, como un derecho humano, “por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto”, no solo se constituye en un medio de comunicación masivo, donde uno puede conocer, en tiempo real, lo que sucede en cualquier latitud del mundo, sino también en un medio de almacenaje de impresionantes cantidades de datos e información, muchas veces relacionadas con la privacidad y dignidad de las personas.
Por ello, además de la libertad de expresión en Internet, la ONU también reivindica ciertos aspectos a tomar en cuenta por los Estados, como la protección de la libertad y la seguridad en Internet, la persecución de todas las violaciones de los derechos humanos y todos los abusos cometidos contra personas que ejercen sus derechos, el reconocimiento de la importancia de la privacidad online, entre otros.
“No podemos tener un solo aspecto humano que carezca de regulación, más aún cuando éste puede implicar un riesgo para la humanidad. Buscamos permanentemente la protección de los derechos, entenderlos, profundizar su alcance, lograr una mejora de vida, sin embargo, las nuevas TIC pueden poner en riesgo esto. Por ejemplo, el riesgo de no regular la Inteligencia Artificial (AI) puede suponer riesgos a la privacidad, a la seguridad”, afirma el también abogado.
Para el profesional, si bien la transformación digital permite brindar calidad de vida y facilita a la humanidad lograr más cosas, de manera más rápida y eficiente, estas suponen una necesidad de regulación. No obstante, a decir del profesional, estas herramientas también deben ser aprovechadas para hacer más eficiente, más justo y proactivo el ejercicio del derecho.
El estado, como otras instancias públicas y privadas están frente al reto de ir a la par de la transformación digital y enfrentar el desafío de trabajar en la conformación de un nuevo Estado inteligente que garantice ciberseguridad a sus ciudadanos frente a las amenazas, no solo de hackers, sino de organizaciones criminales e inclusive Estados terroristas que impulsan el ciberdelito y el ciberterrorismo que nos pone en situaciones de indefensión a todo nivel. Estos y otros temas fueron el centro de reflexión de varios expertos en el área legal, durante el II Congreso Internacional de Derecho Informático y Derecho Empresarial: “Construyendo un nuevo orden”, llevado a cabo por Unifranz en octubre de 2022.
DELITOS INFORMÁTICOS O CIBERCRÍMENES
El cibercrimen es una actividad delictiva que se dirige a una computadora, una red informática o un dispositivo en red, o bien que utiliza uno de estos elementos. En este sentido, se puede observar que, a través de la mayoría de tipos de delitos cibernéticos, los delincuentes tienden a utilizar estos métodos para robar información de tarjetas de crédito y obtener beneficios económicos. Asimismo, también se cometen delitos relacionados con derechos de propiedad intelectual, pornografía infantil y material de abuso.
IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN
Pese a las diferencias entre países, acorde a su nivel de desarrollo, la tecnología está presente en gran parte del globo terráqueo, incluyendo desde luego a Bolivia, en el que día a día se visibilizan múltiples avances en diversas áreas de la sociedad, mucho más desde la llegada de la pandemia, crisis que, pese a sus devastadoras consecuencias, sirvió de impulso para el salto tecnológico de las empresas, la digitalización de gran cantidad de servicios como la banca por internet, las compras en línea, entre otros.
Si bien fueron muchos los aspectos positivos, el boom digital también trajo consigo riesgos y amenazas a la seguridad de muchas personas y las organizaciones, a raíz del uso de las herramientas tecnológicas con fines ilícitos, para lo cual la Policía Boliviana cuenta con un área especializada, denominada Unidad de Cibercrimen.
“Vivimos en la era de las redes sociales, en la que tenemos la posibilidad de transmitir información en grandes cantidades, en cortos periodos de tiempo, lo cual hace necesaria una regulación nacional, que no solo considere el ámbito local sino mundial, universal, porque las transacciones, contratos, elementos de convicción no están en un solo lugar, no están en un lugar físico, sino que están en la nube, servidores de una empresa, en los teléfonos de ciertas personas entonces evidentemente necesitamos regular este aspecto”, argumenta Vásquez.
Bolivia cuenta con la Ley N.º 164 de Telecomunicaciones, la cual regula la comunicación de datos, el comercio electrónico, la firma digital, entre otros. Asimismo, el Código Penal tipifica de manera específica los delitos de manipulación informática (Art. 363), acceso y uso indebido de datos informáticos (Art. 363), acoso cibernético (Código Niño, Niña y Adolescente). Sin embargo, se puede evidenciar que aún existen múltiples delitos cibernéticos que no se encuentran regulados o tipificados en la legislación.
Por otro lado, como sucede con otros tipos de hechos delictivos, muchos de ellos no llegan a ser denunciados y, por ende, no llegan a estrados judiciales. En otros casos, aquellos que podrían llegar a juicio son desestimados por no existir pruebas suficientes y la imposibilidad de dar con los autores, quienes se refugian en el anonimato.
Desde la formación de futuros profesionales en Derecho, el conocimiento y seguimiento a esta área del Derecho es fundamental, en pro de que las futuras autoridades y responsables de proyectar leyes caminen al paso de la tecnología, del conocimiento y aprovechamiento de sus ventajas, pero, fundamentalmente, de la preservación de los derechos de las personas.
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