Hasta el 31 de diciembre del 2023 la Fiscalía General del Estado reportó 81 casos de feminicidio en Bolivia, este dato impulsó a estudiantes de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz a ejecutar una investigación que identifique los indicadores de reincidencia de violencia y a generar propuestas de políticas de prevención que detengan el incremento de estas cifras.
“El trabajo que realizamos analiza cómo los agresores perciben la Ley 348 y qué factores influyen en su comportamiento reincidente. Con los resultados obtenidos, se pueden diseñar programas de rehabilitación y prevención que respondan a las necesidades reales de la sociedad”, señaló la estudiante de Psicología Melissa Meyuy.
La mayor incidencia de feminicidios se encuentra en el departamento de La Paz con 23 casos, luego está Santa Cruz con 20, Cochabamba 12, Potosí 9, Beni 6, Tarija 4, Oruro 3, Chuquisaca 3 y Pando 1; revela el informe presentado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
“La Ley 348 tiene el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es por ello que decidimos ejecutar esta investigación en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, donde trabajamos con 167 internos que confiaron en nosotros y respondieron a las preguntas que nos permitieron obtener información muy valiosa que podrá ser utilizada por las autoridades competentes para reforzar las políticas que ya existen o crear nuevas”, enfatizó la futura profesional.
Unifranz, con su innovador modelo educativo y a través de sus proyectos integradores y multidisciplinarios, detecta diferentes problemáticas sociales y pone a sus estudiantes —guiados por docentes expertos en el tema— a encontrar soluciones a problemas reales. El objetivo es que los futuros profesionales empiecen a trabajar con un enfoque que aporte a la sociedad.
Resultados obtenidos
Un alto porcentaje de los encuestados reportó celos intensos o conductas controladoras como motivo principal que los llevó a cometer la violencia hacia sus parejas. Aseguraron que la desconfianza progresiva en su relación los hace perder el control y desatar la ira.
El consumo abusivo de sustancias se identifica como otro de los factores de riesgo significativo para la violencia y otros problemas sociales. El 73% de los encuestados indicó encontrarse en situación de consumo excesivo de alcohol y/o drogas al momento de tener conductas violentas: “este dato subraya la necesidad de abordar las adicciones como un problema de salud pública y de seguridad”, afirmó la joven investigadora.
Se detectó una notable falta de conocimiento sobre la ley 348, que indica una necesidad urgente de campañas informativas y educativas. Asimismo, existe la percepción dividida respecto a la aplicación de la ley para ambos géneros que sugiere la necesidad de una mayor sensibilización y educación sobre la equidad de género en la legislación.
El 56% de los encuestados reportó intentos por parte de la pareja de retirar las denuncias o la decisión de abandonar denuncias anteriores. Afirmaron que su pareja se encontraba en estado de vulnerabilidad o dependía únicamente de ellos, factores que perpetúan el ciclo de violencia y dificultan la salida de la situación abusiva.
“A pesar de los esfuerzos legislativos y de políticas públicas, la reincidencia de estos actos pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar las estrategias actuales. La relevancia de este estudio radica en la necesidad de comprender las dimensiones subjetivas y objetivas de la violencia de género en el contexto boliviano. La percepción de la ley por parte de los agresores puede ofrecer insights valiosos sobre su comportamiento y disposición a reincidir, así como sobre la efectividad de las medidas rehabilitadoras”, destacó la futura psicóloga.
Sugerencias desde la academia
Con el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa y definir conceptos que indiquen hasta qué punto una pareja puede tener discusión sin violencia, los líderes de la investigación sugirieron las siguientes recomendaciones:
- Supervisión del ejercicio de profesionales, como ser abogados, fiscales, jueces, policías e inclusos psicólogos o cualquier otro profesional que trate con esta población tanto como víctima, como agresor.
- Solicitar los informes psicológicos dentro del tiempo correspondiente, esto puede dar viabilidad de los procesos por violencia de género y/o doméstica, y proporcionar un mejor ambiente a los internos del penal.
- Proporcionar programas de terapia de pareja y familiar (plan de orientación familiar) como medida previa al proceso judicial para intentar dar soluciones y educación a problemas que no sean de gran magnitud, esto a su vez puede fortalecer las relaciones y habilidades de comunicación en la familia. Se recomienda que estas orientaciones se brinden a todas las parejas sin importar el tiempo de casado que lleven.
- Fortalecer la fiscalización de las denuncias por violencia de género y/o doméstica, para evitar un abuso de la ley como forma de violencia institucional.
- Evaluar los casos de infidelidad, y proponer una ley que lo regule y penalice, ya que según estudios realizados son una forma de violencia que golpea en su peor forma a hombre y mujeres, pero esencialmente a hombre, quienes pierden la cabeza por este motivo.
- Tratamiento psicológico para los celos, sin necesidad de que este requiera ser patológico para ser intervenido.
- Que a los abogados de oficios no se les permita cambiar cada rato de caso.
“Considero que hay mucho más por hacer, los resultados han sido realmente valiosos para dar continuidad al trabajo que ya se viene realizando en semestres pasados, pero hay algo muy importante a la hora de trabajar tanto para los investigadores, abogados, fiscales, policías y todos los profesionales que se involucren en el penal, no debemos olvidar el propósito y siempre hacer lo mejor posible pensando en el bien común”, instó Meyuy.
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